El calvario de migrantes por las políticas de Trump

Desde que el presidente de Estados Unidos (EE UU), Donald Trump, asumió su segundo mandato en enero, una de las primeras medidas fue suspender el sistema de asilo en el país norteamericano. Esta decisión sumió en una gran incertidumbre a miles de migrantes que huyen de persecución, violencia o crisis políticas en otras naciones. Además, la medida, enmarcada en la ofensiva del republicano contra la inmigración ilegal, dejó a familias enteras—desde rusos opositores hasta guatemaltecos amenazados—en un vacío legal, con deportaciones exprés y cancelaciones masivas de trámites.

Según citó AP, uno de los casos más emblemáticos fue el de un trabajador electoral ruso que, junto a su esposa e hijo pequeño, fue deportado a Costa Rica en febrero sin siquiera tener la oportunidad de presentar su solicitud de asilo. El hombre había documentado fraude electoral en Rusia y temía represalias. Tras meses de espera cerca de la frontera con California, su entrevista programada fue cancelada horas después de que Trump firmara la orden ejecutiva.

“Hicimos todo bien. Seguimos las reglas, pero nadie nos escuchó”, relató el protagonista a la Agencia. Ahora, atrapado en un centro de detención en Costa Rica—uno de los países usados como “puente” para deportaciones—, se preguntó cómo proteger a su familia. “Pienso cada día que les fallé”, confesó.

Abogados y organizaciones de derechos humanos denunciaron que el nuevo esquema es caótico. “No sabemos qué pasa cuando alguien pide asilo ahora. Muchos son expulsados sin explicaciones”, dijo Bella Mosselmans, del Global Strategic Litigation Council.

Las cifras hablan por sí solas: mientras en 2024 las oficinas legales en San Diego recibían hasta 15 consultas diarias por asilo, hoy el teléfono “no suena”, según Paulina Reyes-Perrariz, del Immigrant Defenders Law Center.

Desde la gestión de Trump justificaron la medida como necesaria para detener una “invasión” migratoria —un término cuestionado en tribunales— y alegaron que el sistema anterior incentivaba ‘abusos’. “Personas de todo el mundo aprendieron que podían quedarse indefinidamente”, argumentó el excongresista demócrata Barney Frank en The Wall Street Journal. Sin embargo, datos oficiales mostraron que entre un tercio y la mitad de las solicitudes de asilo eran aprobadas bajo criterios legales.

La suspensión del asilo ya enfrenta demandas de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que la tachó de “ilegal y sin precedentes”. Mientras los tribunales deciden si desde el gobierno de EE UU pueden invocar una “invasión” para bloquear derechos fundamentales, las deportaciones continúan. Solo en los primeros meses de 2025, unos 500 migrantes fueron enviados a Costa Rica y Panamá, donde aguardan en condiciones precarias.