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La Justicia indagó este viernes a Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma y detenido en las últimas horas por la causa que investiga la distribución de fentanilo contaminado vinculada a la muerte de al menos 96 personas que estaban internadas en distintos sanatorios del país.
La indagatoria, a cargo del juez Ernesto Kreplak, se llevó a cabo en los tribunales federales de La Plata, donde también estuvieron citados otros implicados, entre ellos familiares directos de García Furfaro – la madre y dos hermanos - y responsables operativos de los laboratorios involucrados.
“Estoy acá para que me corten la cabeza”, exclamó García Furfaro ante el juez federal Ernesto Kreplak. Expresamente, no solicitó su excarcelación.
La indagatoria se extendió por casi seis horas. Es que la acusación que realizó la fiscal Laura Roteta tiene minuciosos detalles sobre todas las irregularidades en el proceso de producción y en la vulneración de las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) que deben seguir para poner en el mercado productos sanitarios.
“Esas cuestiones de precisión correspondían a los colaboradores y técnicos que eran contratados para eso”, fue la explicación que dieron en el entorno del abogado Gastón Marano, defensor de García Furfaro y quien asistió al imputado en el trámite judicial realizado este viernes en el palacio de los Tribunales Federales de La Plata, en 8 y 50.
El abogado defensor, Gastón Marano, sostuvo que su cliente no tuvo injerencia técnica en los procesos de producción. “Él era únicamente el socio mayoritario. No era personal técnico. Muchos de los fallos acreditados requieren un nivel de sofisticación que él no tenía. Existía una cadena de empleados y especialistas en condiciones de acuerdo con los controles que llevaba adelante la ANMAT”, explicó.
El juez federal Ernesto Kreplak empezó el miércoles a tomarles declaración indagatoria a los detenidos en la causa por el fentanilo contaminado. En total son diez. La lista incluyó al empresario García Furfaro, a dos hermanos, a su madre y a socios y directivos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, donde se produjo el fentanilo.
La acusación es muy grave. La fiscal federal Laura Roteta le imputó a García Furfaro un delito que tiene una pena máxima de 25 años de cárcel (y una pena mínima de diez), según informaron fuentes con acceso a la investigación.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich aseguró que “los responsables del fentanilo mortal están tras la rejas”, para informar sobre el procedimiento de toda la familia de Furfaro.
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