Amparo de la CGT por el DNU que limita la huelga

La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó ayer ante la Justicia una acción de amparo sindical para frenar la vigencia del reciente decreto de necesidad y urgencia (DNU) del Gobierno que buscar limitar el derecho a huelga al ampliar la cantidad de actividades consideradas esenciales y que no podrían paralizar sus actividades.

Tal como habían anticipado los referentes sindicales la semana pasada, apenas se conoció la medida, la presentación se concretó finalmente ayer ante el juzgado Laboral 3 a cargo de Moira Fullana.

En un comunicado, la CGT había manifestado su repudio al Decreto 340/2025 porque “intenta suprimir el derecho a huelga en la Argentina de un plumazo y sin debate”, por lo que advirtió que el movimiento obrero “dará batalla en los tribunales, en las calles y en los lugares de trabajo”.

“La semana próxima estamos actuando nuevamente en la Justicia. Estamos seguros de que se va a sostener lo que ya predijo la Justicia en primera y segunda instancia con respecto a este tema”, había anticipado días atrás el cosecretario general de la CGT Héctor Daer.

Se refirió así al mega DNU que publicó el gobierno del presidente Javier Milei a pocos meses de su asunción, que contenía un apartado con reformas laborales y que quedó suspendido por la Justicia tras una presentación de la CGT.

“Están reiterando lo mismo que estaba establecido en el decreto DNU 70/23, donde pretendían cercenar el derecho de huelga para muchas actividades, llevándolo a la imposibilidad de tener una medida de acción directa”, dijo Daer.

El DNU 340/2025 publicado el pasado miércoles limitó el derecho de huelga en actividades consideradas esenciales, y que deberán garantizar de manera obligatoria un funcionamiento de entre 50 y 75 por ciento en caso de atravesar conflicto sindical.

La norma incluye en este segmento a los servicios sanitarios; transporte y de medicamentos e insumos hospitalarios; servicios farmacéuticos; producción, transporte, distribución y comercialización de agua potable, gas, otros combustibles y energía eléctrica; y servicios de telecomunicaciones, incluidos internet y comunicaciones satelitales.

También están incluidos en el decreto la aeronáutica comercial y el control del tráfico aéreo y portuario; servicios aduaneros y migratorios; el cuidado de menores y la educación en los niveles de guardería, preescolar, primaria, secundaria y educación especial; y el transporte marítimo y fluvial de personas, mercaderías y carga, entre otros.

Según la acción de amparo presentada por la CGT ante la jueza Fullana, el DNU de Milei limita el derecho a huelga y “fue dictado sin que se verifiquen los requisitos de necesidad y urgencia que exige el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, en un contexto de funcionamiento normal del Congreso Nacional”.