El país perdió otro juicio por U$S715,9 millones con exdueños de Edelap

Un fallo dado a conocer por el Centro Internacional de Arreglo de Diferendos de Inversión (CIADI), lo condenó a pagar U$S715,9 millones a la empresa norteamericana del sector de electricidad AES Corporation (conglomerado que controlaba entre otras empresas Edelap), que en realidad reclamaba mucho más, U$S1.814 millones y con intereses podía estirarse a más de U$S2.500 millones, por la pesificación de los contratos de concesión de la represa hidroeléctrica de Alicurá, situada sobre el río Limay, en la frontera entre las provincias de Neuquén y Río Negro.

AES formalizó su reclamo en el CIADI, una instancia de resolución de diferendos de inversión, poco menos de un año después de la pesificación, el 19 de diciembre de 2002, una vez que consideró agotadas las instancias ante la Justicia argentina, en función de lo establecido en el Tratado Bilateral de Inversiones firmado entre la Argentina y EE.UU. en 1991, que en caso de conflictos de inversión fijaba al Ciadi como última instancia de resolución.

El mes pasado, otro fallo o laudo arbitral en el ámbito del Ciadi había ordenado a la Argentina a pagar un resarcimiento de U$S147,1 millones a la constructora italiana Webuild SpA (ex Salini Impregilo), por el congelamiento del valor del peaje del puente que une Rosario (Santa Fe) con la localidad de Victoria (Entre Ríos).

Ahora quedan cinco reclamos pendientes, por un total de U$S585 millones.

En el caso del fallo de el fallo en favor de AES, como la concesión de Alicurá venció recientemente y el Gobierno iniciará próximamente un proceso de licitación internacional para volver a privatizarla, al igual que las otras tres centrales hidroeléctricas de la región del Comahue, una posibilidad es que AES, que está interesada en la licitación, en caso de ganarla y seguir teniendo el manejo de Alicurá por 30 años más, no pague el canon de concesión correspondiente y se descuenten de los derechos del Estado el monto del fallo del Ciadi.

Los abogados a cargo de la defensa del Estado argentino podrían aún intentar recursos de “legítima defensa”.