Duro documento del PRO: “La estabilidad no alcanza”, advirtió

En el marco de la estrategia electoral en Buenos Aires junto a La Libertad Avanza, el PRO, a través de la Fundación Pensar, presentó un informe crítico titulado “Justicia para Todos”. Este documento cuestiona duramente la gestión del Gobierno de Javier Milei, tanto en el ámbito económico como en el institucional, tomando como punto de partida el fallo de la Corte Suprema en la causa Vialidad contra Cristina Kirchner. El texto advierte sobre los riesgos de una gestión sin consensos, que combina avances parciales con retrocesos estructurales, lo que podría frustrar otra oportunidad de desarrollo para Argentina.

El informe, al que accedió eleconomista.com.ar señala que, a un año de la presentación de la Ley Bases, los resultados son desalentadores: solo cuatro proyectos aprobados bajo el RIGI, ninguna empresa pública privatizada, un blanqueo laboral que alcanzó apenas al 0,24% de los trabajadores informales y un empleo formal en retroceso.

Según el macrismo, la estabilidad económica no es suficiente sin una justicia creíble, reglas institucionales sólidas, una política exterior inteligente y una inversión sustancial en capital humano. Sin estos pilares, ningún plan económico puede sostenerse ni transformarse en una estrategia de desarrollo.

“A un año de la Ley Bases, los datos son elocuentes: sólo cuatro proyectos fueron aprobados bajo el RIGI, ninguna de las empresas públicas incluidas fue privatizada, el blanqueo laboral alcanzó apenas al 0,24% de los trabajadores informales, y el empleo formal continúa en retroceso mientras crecen los litigios”.

Las figuras más destacadas del informe son Hernán Lacunza y Silvia Lospennato, quienes firman reflexiones críticas desde lo económico y lo político-institucional. Lacunza, exministro de Hacienda, sostiene que estabilizar no basta y que el desarrollo requiere reglas, instituciones y consensos, elementos que considera deficitarios en la actual gestión. Lospennato, vicepresidenta de Pensar, apunta a la inestabilidad institucional como una amenaza central, abogando por un cambio duradero que evite reformas cíclicas revertidas por vaivenes políticos.

En esa línea es que mixtura un análisis entre justicia y economía. “La razón de fondo es que la estabilidad económica por sí sola no alcanza: sin una justicia creíble, sin reglas institucionales firmes, sin una política exterior inteligente y sin inversión real en el capital humano, ningún plan económico puede sostenerse ni escalar a una verdadera estrategia de desarrollo”, plantean.

En su editorial, el exministro de Hacienda Lacunza sintetiza esta idea con una crítica directa al Gobierno: “El desafío no es sólo estabilizar. Es transformar la estabilización en desarrollo. Hace falta mucho más que ajuste fiscal: hacen falta reglas, instituciones y consensos. Hasta ahora, todo eso ha sido deficitario”.