Escándalo de las fotomultas: ordenaron nuevas testimoniales

Mientras se espera que el juez de garantías de La Plata Juan Pablo Masi defina si el denunciante en la causa que investiga un presunto negocio millonario detrás del sistema de gestión de las fotomultas puede seguir detentando el rol de particular damnificado, se conoció que el fiscal Álvaro Garganta citó a declarar a nueve empleados del Ministerio de Transporte bonaerense para interrogarlos sobre las tareas que desarrollaba el ex ministro Jorge D’Onofrio, uno de los imputados, y otros ex empleados del sector.

Precisamente, fuentes de tribunales indicaron que la defensa del exministro pidió en repetidas oportunidades que a Leandro Camani, el denunciante, se lo corra de la figura de ofendido por el delito expuesto en su presentación de inicio, por cuanto fue reemplazado en la presidencia de la empresa (SECUTRANS S.A.) que dijo representar en el expediente.

“Por asamblea del 11/12/2024 se aceptó la renuncia del presidente del directorio Leandro Camani (...) por cuanto ha perdido legitimación para continuar interviniendo en autos”, explicaron desde un aspecto formal. Pero también fundaron que “en el auto (...) de fecha 9/4/25 el Señor Fiscal imputó al presidente de CECAITRA porque habría facturado de modo irregular y sin la correspondiente autorización legal el importe producido por las infracciones de tránsito constatadas por 155 cinemómetros de su propiedad. Ello en base al informe del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires. Ahora bien, en dicha planilla se consignan aproximadamente 50 cinemómetros pertenecientes a SECUTRANS S.A., que tampoco contarían con autorización. Esta supuesta irregularidad que utilizó el Señor Fiscal para imputar a CECAITRA, impide que SECUTRANS S.A. -que está en igual situación de presunta irregularidad- continúe ejerciendo el rol de particular damnificado. Pues evidentemente el Señor Agente Fiscal, por una elemental cuestión de igualdad ante la ley de distintos justiciables, deberá proceder a formular igual imputación a los responsables de esta sociedad que pretende ser tenida como damnificada”.

Tal como reflejó este diario en notas anteriores, Camani refirió un perjuicio a los intereses económicos de SECUTRANS S.A., ante la existencia de una supuesta mecánica de borrado de multas para gestionar cobros por fuera de los controles del Estado provincial, de la cual participaban gestores, abogados y jueces de faltas.

En ese contexto, como a la empresa le correspondía un porcentaje de la recaudación oficial, según los convenios que firmó con distintas municipalidades, la caída de la cantidad de multas impactaba directamente en sus ingresos.

Para despejar distintos interrogantes, el fiscal Garganta ahora citó a los empleados del Ministerio para que declaren como testigos. La ronda de declaraciones comenzará el próximo 2 de julio y terminará antes del receso por la feria.

D’Onofrio está siendo investigando por una serie de maniobras con el sistema de multas que permitía una recaudación paralela.

Al momento de imputarlo, el fiscal dijo que había un grupo de funcionarios que “actuaron en connivencia con terceros ajenos a dicho organismo quienes captaban como gestores a deudores de infracciones de tránsito ofreciéndoles reducciones del 50 por ciento del monto adeudado”.

Por otra parte, entre los puntos que la Justicia busca dilucidar, se encuentra el papel que habría tenido en la estructura Claudia Pombo, concejal del municipio de Pilar y una de las personas más cercanas a D’Onofrio, quien no tenía un cargo formal en la cartera, pero habría influido en decisiones clave.

Los testigos deberán responder específicamente si Pombo cumplía funciones operativas en el Ministerio y cuál era su rol dentro del esquema bajo estudio.

El caso, cabe recordar, tiene correlato en diferentes expedientes. En uno de ellos el juez federal de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta, investiga si una serie de municipios desviaron millones de pesos de las fotomultas a la Universidad Nacional de San Martín, que no habría estado registrada como proveedora para intervenir en el proceso.