El decomiso de los bienes de Cristina, en la mira

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola exigieron ayer que ni Cristina Kirchner ni Lázaro Báez ni ninguno de los condenados en el marco de la causa “Vialidad” se desapodere ni mueva dinero que pueda afectar el recupero de activos, que la semana pasada la Justicia estimó por un total cercano a los $685 mil millones (537 millones de dólares, al cambio del viernes). El monto es bastante menor al que calcula la defensa de la expresidenta, quien determinó que el decomiso debe ser por poco más de $42 mil millones.

Luego de que el Cuerpo de Peritos Contables de la Corte Suprema enviara al juez del Tribunal Oral Federal N° 2, Jorge Gorini, el monto final que deberán devolver la exmandataria y los otros ocho condenados por las maniobras corruptas con la obra pública en Santa Cruz, los representantes del Ministerio Público Fiscal pidieron que “las medidas de restricciones impuestas a Lázaro Báez para otorgar actos jurídicos o realizar cualquier acción que produzca efectos legales sobre su patrimonio se haga extensiva a todas las personas condenadas en esta causa”.

El planteo de Mola y Luciani llegó tras detectar un artilugio que podría entorpecer el decomiso de bienes. Advirtieron que el 24 de junio Claudia Insaurralde, pareja de Báez, fue a visitarlo a la cárcel de Río Gallegos para presuntamente hacerle firmar documentos vinculados a las propiedades del empresario. El Servicio Penitenciario informó la situación a la Justicia y prohibió el ingreso. Desde la defensa adujeron que se trataba de documentos de designación de abogados.

Pero los fiscales entendieron que se deben tomar “ciertas medidas para evitar que los imputados concreten actos jurídicos que pudieran llegar a obstaculizar, dificultar o impedir el decomiso”.

En ese sentido, pidieron al Tribunal que ejecuta la pena del caso que se mantengan los embargos trabados en el expediente y que ninguno de los imputados movilice nada de sus respectivos patrimonios.

Con respecto a Cristina, por ejemplo, requirieron que la medida recaiga sobre el paquete accionario de las tres compañías de los Kirchner (Hotesur, Los Sauces y COMA SA), 26 inmuebles, dos vehículos y el dinero que pueda poseer en instituciones bancarias.

Como se dijo, los peritos de la Corte determinaron que los condenados por Vialidad deben devolver por el perjuicio ocasionado al Estado más de $684 mil millones. Sobre la base del Índice de Precios al Consumidor del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), actualizaron así la cifra inicial de 85 mil millones que dispuso la condena dictada en diciembre de 2022 y que en junio dejó firme el máximo tribunal.

Ambos montos son menores al que expuso el perito de la expresidenta, según el cual el cálculo debe hacerse tomando la tasa pasiva del Banco Central, que daría unos $42 mil millones. Es decir, el 6% de lo que fijó la Justicia, que es la que tendrá la palabra final.