Reforma laboral: los ejes clave del proyecto que el Gobierno enviará al Congreso

El Gobierno nacional ultima los detalles del proyecto de Ley de Modernización Laboral, un paquete de reformas que busca modificar la estructura legal del trabajo en la Argentina. El texto ingresará al Congreso a partir del martes que viene, cuando inicien las sesiones extraordinarias convocadas para debatir esta iniciativa junto con el Presupuesto 2026. La Casa Rosada aspira a obtener media sanción antes de fin de año para avanzar en su aprobación definitiva durante el primer bimestre legislativo.

El borrador fue discutido en el ámbito del Consejo de Mayo, donde interactúan representantes del Gobierno, empresas y centrales sindicales. La participación gremial se fue debilitando con el avance del debate y los sindicatos rechazaron los ejes centrales del proyecto, lo que anticipa un escenario legislativo conflictivo y con posibles derivaciones judiciales.

La iniciativa se estructura en varios capítulos que introducen modificaciones en el régimen de vacaciones y licencias, jornada laboral y banco de horas, despidos e indemnizaciones, sistema remunerativo, documentación digital, reincorporaciones por fallo judicial y regulación del trabajo en plataformas tecnológicas. También incorpora un capítulo fiscal y derogaciones de normas históricas, entre ellas artículos de la Ley de Contrato de Trabajo, el Estatuto del Periodista Profesional y el Estatuto del Viajante de Comercio.

VACACIONES Y LICENCIAS

El proyecto mantiene el derecho vigente a vacaciones pagas pero introduce modificaciones en su administración. Se habilita que el empleador y el trabajador puedan pactar individual o colectivamente la extensión y el fraccionamiento del período de descanso, siempre respetando los mínimos legales. La fecha de inicio deberá notificarse por escrito con 45 días de anticipación, aunque los convenios colectivos podrán establecer calendarios alternativos.

La reforma también permite solicitar la acumulación de días vacacionales en casos excepcionales, medida que deberá ser autorizada por la autoridad correspondiente. Según el Gobierno, esta flexibilidad buscaría responder a demandas de sectores con ciclos productivos estacionales.

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En licencias por enfermedad, el texto incorpora la validación digital de certificados médicos, con lo que se busca agilizar trámites y evitar controversias sobre ausencias. Se crea un sistema centralizado de control médico, con mayor capacidad de verificación clínica y plazos más acotados en casos de inasistencia prolongada. Además, se redefine el abandono de trabajo, reduciendo tiempos para su configuración legal.

BANCO DE HORAS Y JORNADA LABORAL

La reforma habilita la implementación de regímenes alternativos de organización del tiempo de trabajo, entre ellos el banco de horas, compensaciones intra-semana y turnos flexibles. Toda modalidad deberá respetar un mínimo de 12 horas de descanso entre jornadas y 35 horas semanales continuas, lo que funcionará como límite de protección sanitaria.

Los convenios colectivos podrán acordar cálculos promedios de jornada máxima y adaptar la modalidad laboral según ritmos productivos. Para el Gobierno, esta medida apunta a reducir costos laborales, mejorar la organización del trabajo y favorecer la generación de empleo formal, especialmente en sectores con picos de demanda fluctuantes.

INDEMNIZACIONES Y CESE LABORAL

Uno de los núcleos más discutidos es la modificación del esquema indemnizatorio. El proyecto mantiene el pago de un mes de salario por año trabajado para despidos sin causa, pero habilita reemplazarlo por fondos o seguros sectoriales administrados mediante convenios colectivos. Estas cuentas, financiadas con aportes patronales mensuales, funcionarían como un mecanismo de ahorro previo destinado a cubrir el cese laboral.

El modelo toma como precedente el sistema vigente en la construcción, donde el empleador deposita un porcentaje del salario del trabajador durante toda la relación contractual. Según el Gobierno, esto permitiría previsibilidad en costos indemnizatorios, especialmente para PyMEs, y reduciría la litigiosidad.

En caso de despido con causa, el empleador deberá notificar electrónicamente los fundamentos y el trabajador conservará derecho de defensa administrativa y judicial. La reforma también introduce limitaciones a los intereses aplicables sobre indemnizaciones para unificar criterios judiciales.

REMUNERACIONES Y DOCUMENTACIÓN DIGITAL

Otra modificación relevante se vincula al esquema salarial. El borrador define con precisión qué conceptos integran la remuneración computable y cuáles quedan excluidos, con el fin de evitar controversias judiciales sobre premios, viáticos, gratificaciones o sumas extraordinarias.

Además, se establece la obligatoriedad de digitalizar recibos de sueldo, planillas de asistencia y documentación laboral, que tendrá valor legal equivalente al formato papel. Según fuentes oficiales, esta digitalización permitirá reducir costos administrativos y mejorar controles laborales y fiscales.

REINCORPORACIÓN POR SENTENCIA JUDICIAL

Cuando una desvinculación sea declarada ilegítima por la justicia, el trabajador podrá optar entre volver a su puesto o recibir la indemnización correspondiente más salarios caídos. Si la empresa reincorpora, deberá regularizar la relación y asignar tareas acordes a la aptitud física y psicológica del empleado. Si no pudiera hacerlo, deberá pagar la indemnización prevista por ley.

TRABAJO EN PLATAFORMAS DIGITALES

La reforma incorpora por primera vez una regulación específica para repartidores y trabajadores de aplicaciones. Se reconoce relación laboral formal, con registro en seguridad social, aportes y cobertura por accidentes. También se garantiza la posibilidad de negociación colectiva y representación sindical sectorial, lo que busca integrar este segmento creciente al sistema formal.

CAMBIOS FISCALES

La Ley de Modernización Laboral contempla además un conjunto de disposiciones tributarias destinadas a estimular inversión y reducir carga fiscal. Entre ellas: actualización de quebrantos por IPC, exención impositiva para alquileres destinados a vivienda, beneficios para ventas inmobiliarias a partir de 2026 y eliminación de impuestos internos en ciertos bienes y servicios.

En paralelo, el proyecto deroga artículos de la Ley de Contrato de Trabajo, el Estatuto del Periodista Profesional, el Estatuto del Viajante y parte de la Ley de Jornada Laboral. Para el Gobierno esto implica simplificación normativa; para sectores laborales supone una pérdida de derechos adquiridos.

DEBATE LEGISLATIVO Y ESCENARIO POLÍTICO

La Casa Rosada sostiene que el proyecto es una pieza central de una reforma laboral de segunda generación, orientada —según declara— a modernizar el mercado de trabajo y favorecer la creación de empleo privado registrado. Del otro lado, las centrales sindicales advierten que la flexibilización podría reducir derechos y condiciones de estabilidad laboral, y anticipan presentaciones judiciales y protestas públicas.

El debate legislativo será el primer termómetro de la nueva configuración parlamentaria. Si el oficialismo logra media sanción antes de fin de año, el proyecto podría definirse durante febrero. Si no, la negociación política se extenderá a 2026.