El Gobierno nacional avanza con la privatización de la empresa AySA

El Gobierno nacional planea lanzar antes de fin de año una licitación pública nacional e internacional por al menos el 51% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA), con “el objetivo de que en menos de un año el servicio pase a ser controlado por un privado”. El remanente del paquete accionario que quede en manos del Estado, que es dueño del 90% de la compañía, sería subastado en la Bolsa también en 2026.

Para despertar el interés de empresas o consorcios la intención oficial es realizar modificaciones en el marco regulatorio de la concesión que tiene Aysa en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con propuestas entre las que se encuentran que la nueva concesionaria pueda proceder al corte de servicio a residenciales que presenten atrasos de pagos, ajustes trimestrales de tarifas en base a inflación y que las obras sean financiadas por los usuarios en sus boletas finales.

Actualmente, la restricción del servicio -según el Artículo 81º del Marco Regulatorio aprobado por la Ley 26.221- se concreta solamente en caso de mora de los Usuarios Residenciales que hayan incurrido en la falta de pago de las facturas por dos períodos consecutivos de facturación. Pero previamente la Concesionaria debe remitir una intimación de pago fehaciente con 15 días de anticipación. Ese protocolo seguirá vigente antes de las eventuales restricciones de los hogares en caso de que avance la propuesta.

El corte de servicios

El corte de los servicios procede actualmente sólo en caso de usuarios no residenciales (comercios e industrias, por ejemplo) y se hace efectivo por falta de pago de las facturas de dos períodos de facturación y previa intimación fehaciente con 10 días de anticipación.

Esos cambios representan un fuerte contraste contra el modelo aplicado desde la estatización de la empresa en 2006, en el gobierno de Néstor Kirchner, en busca de garantizar una ecuación económica favorable. Actualmente, además de la cuestión del corte cuando se adeuden 2 períodos consecutivos de facturación, las tarifas se actualizan mensualmente por una determinación arbitraria del Ministerio de Economía. Y las obras fueron financiadas en los últimos años por el Tesoro, a partir de préstamos con organismos multilaterales o transferencias directas, o por inversiones de capital de la empresa.

El Estado posee el 90% de las acciones de la empresa Aysa y el 10% restante pertenece a los empleados. Léase gremios. Lo dicho: el Gobierno espera lanzar antes de que termine el año una Licitación Pública Nacional e Internacional (LPNI) por el 51% del paquete accionario para, se explicó oficialmente, “incorporar un operador estratégico con experiencia y capacidad técnica”. Ese proceso se llevará adelante en los próximos 330 días, según el cronograma estimado.

Tentar a inversores

En la empresa señalaron que ya comenzaron a realizar “roadshows” con la ayuda de la Corporación Financiera Internacional (CFI), del Banco Mundial, para tantear el interés de inversores. La venta de las acciones implica que la concesión del servicio pasará a ser controlado por un privado, pero los activos seguirán perteneciendo al Estado y volverán a sus manos una vez que termine el contrato de la concesionaria, período que no fue definido.

El siguiente paso, previsto para completarse dentro de los 90 días posteriores a la finalización de la LPNI, será el de la Oferta Pública Inicial (IPO, por su sigla en inglés) del remanente de las acciones en manos del Estado. Es decir que, por ejemplo, si el Estado licita el 51% del paquete, el 39% restante flotará en la Bolsa.

Abastece a millones de personas

Aysa presta servicio de agua potable y de tratamiento de desagües cloacales en CABA y en 26 partidos del Conurbano bonaerense. Abastece a más de 11 millones de personas con agua y a más de 9 millones de personas con saneamiento, por lo que es la segunda más grande de América Latina. Actualmente cuenta con unos 6.200 empleados, según datos del Indec. Un 20% menos que antes del inicio de la gestión Javier Milei. Por ahí también pasó la motosierra.

La compañía finalizó el año pasado con un superávit operativo de $48.288 millones -a precios constantes- el primero con esa condición desde 2007. La firma alcanzó ese resultado, principalmente, gracias al aumento del 317% en las tarifas de sus clientes durante 2024 y a los programas de regularización de las deudas.