El escándalo de las fotomultas no para y suma nuevos interrogantes

Lo que comenzó como un sistema para reducir infracciones de tránsito y mejorar la seguridad vial, hoy está en el ojo de la tormenta. El entramado de las fotomultas en la Argentina se convirtió en el centro de múltiples investigaciones, que se expanden por distintas jurisdicciones y dejan al descubierto una trama de vinculaciones oscuras, sumas millonarias en juego y denuncias cruzadas.

En estas horas se conoció que la Justicia en lo Criminal y Correccional de Capital Federal hizo lugar a una probation, o suspensión de juicio a prueba, para el propietario de la firma “Smart Vial S.A.”, identificado en las actuaciones como Matías Germán Trejo (40), a quien investigaron por el delito de “defraudación por retención indebida” de seis cinemómetros marca “TruCAM” -junto con la información alojada en los servidores y discos rígidos correspondientes-, pertenecientes a la empresa “TN Group S.A.”, que se dedica al registro de inconductas viales y, al procesamiento de las multas que generan, con la que firmó un contrato de control de velocidad.

En realidad, “TN Group S.A.” se había adjudicado una licitación para esa actividad en el partido de Lomas de Zamora y subcontrató a “Smart Vial S.A.” para que la ejecute.

De acuerdo a la información oficial recabada por este diario, el problema empezó con los desacuerdos comerciales, que llevaron a Trejo a denunciar a personal de “TN Group S.A.” por usurpación, aunque “dicha acción fue desestimada al probarse que TN Group S.A. era la titular de los equipos y la legítima locataria del inmueble”, se consignó en el fallo.

Entonces, finiquitado ese pleito, empezaron las diligencias en busca de una salida consensuada, que si bien tuvo la negativa del querellante, el visto bueno del Ministerio Público Fiscal terminó inclinando la balanza para que la probation se haga efectiva.

Un portavoz explicó que “el punto de mayor debate fue el ofrecimiento económico de Smart Vial S.A. por los equipos retenidos”.

Fue el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 11 el que le aplicó la medida suspensiva a Trejo por un lapso de dos años, en el cual quedará sujeto a distintas reglas de conducta que, en caso de ser cumplidas, significarán el cierre de proceso sin condena.

Según fuentes del caso, Trejo deberá fijar residencia y presentarse a la Dirección de Asistencia y Control de Ejecución Penal; realizar tareas comunitarias no remuneradas a razón de ocho horas mensuales en favor de la comunidad, en la sede de la “Asociación Civil Cristo Del Buen Pasto”, de 96 horas por cada uno de los años de la suspensión y proceder al pago de la suma ofrecida de 30.000.000 millones de pesos en concepto de reparación del daño”.

El tema central es que Trejo, además, aparece como un testigo clave en las investigaciones que desarrolla el fiscal Álvaro Garganta en La Plata y que, por ejemplo, su testimonio sirvió como elemento de cargo para el allanamiento en la sede de CECAITRA, una competidora.

Esta vez Trejo apareció como titular de la empresa “Safety Vial” a denunciar irregularidades en la validación de las presunciones de infracción.

Según Trejo, las multas generadas por CECAITRA eran procesadas a una velocidad inusualmente alta en comparación con las de otras compañías, lo que les generaba perjuicios económicos y ponía en evidencia un trato preferencial por parte del ministerio de Transporte en la gestión anterior.

Recordemos que el ex ministro Jorge D’Onofrio es uno de los imputados.

En su requerimiento, Garganta sostuvo que el denunciante les indicó que “este tema les causó un perjuicio económico de tal envergadura que motivó la interconsulta con otros colegas, entre ellos TN Group, quienes también se ven afectados por este irregular proceder”.

La sospecha es que detrás del sistema de cobro de las fotomultas hay un negocio millonario

Lo curioso de este entramado, de acuerdo a lo expresado por portavoz a EL DIA, es que “las distintas compañías del mercado presentan actores en común, que a veces aparecen como denunciantes de las otras, en algunas como socios y/o empleados y también como asesores o colegas”.

En todo este sistema también surgen firmas y hasta fundaciones universitarias, a través de las cuales, se presume, se habrían efectuado desvíos por fuera de los controles habituales para evitar el pago de impuestos o gravámenes.

Además se habló de un esquema de borrado de multas, con gestores y hasta jueces de faltas involucrados.

Por eso todo este gran lío sigue en manos de la Justicia.