Juicio contra YPF: se viene una definición clave

La de hoy será una jornada clave en el juicio por la expropiación de YPF. Es que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolverá finalmente si mantiene en suspenso la orden de la jueza Loretta Preska que obliga al Estado argentino a entregar el 51% de las acciones de la petrolera o si el país debe depositar ese u otros activos.

Se trata de una instancia crucial luego de que el pasado 30 de junio la jueza Preska ordenara a la Argentina a entregar las acciones de YPF a los fondos demandantes como forma de pago de la sentencia de primera instancia, que fijó una indemnización de US$16.100 millones más intereses a favor de Burford Capital y Eton Park.

La defensa argentina apeló esa orden y el tribunal concedió una suspensión administrativa temporal para frenar la transferencia de las acciones.

Ahora, la Justicia estadounidense puede optar entre tres alternativas. Una es aceptar el pedido de suspensión de la Argentina del fallo de la jueza Preska.

También está la posibilidad de que rechace el pedido de suspensión del fallo. Si esto sucede, la Argentina deberá acatar para no caer en desacato.

Otra opción es que la Cámara de Apelaciones neoyorquina acepte la suspensión del fallo, pero con el pedido de depositar algún tipo de activo (no necesariamente acciones de YPF, pueden ser, por ejemplo, bonos soberanos) en forma de garantía. Si la Argentina no entrega ese bien, también podría incurrir en desacato.

Si la Corte no concede la suspensión total del traspaso de las acciones, y se define por cualquiera de las otras dos opciones, los caminos se bifurcan. Y entonces no queda para el país más que llegar a un acuerdo con los acreedores o directamente no cumplir.

Como se mencionó, si esto último ocurre la Argentina corre riesgo de entrar en desacato, con consecuencias como el embargo de reservas del Banco Central, trabas para que el país no pueda salir al mercado internacional o que se le embarguen activos a YPF.

Además de la condena de US$16.100 millones, al juicio por la reestatización de la petrolera se le suman más de US$2 millones de intereses diarios.

Historia de un litigio

El litigio es porque cuando se expropió la compañía en 2012 no se realizó la Oferta Pública de Adquisición que indica el estatuto de YPF; omisión que perjudicó derechos de inversores que compraron las acciones en Nueva York (donde cotiza YPF).

Un actor clave en la crónica que terminó con la reestatización de YPF es el Grupo Petersen que adquirió antes el 25% de YPF con fondos prestados por Repsol (la dueña hasta ese entonces de la petrolera); y un grupo de bancos internacionales, entre los que se destacaron Credit Suisse, Goldman Sachs y el Citibank.

Con Petersen accionista, el gobierno de Cristina Kirchner avanza con la expropiación. La Ley N° 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera, aprobada en mayo de 2012, es la que permitió expropiar el 51% de las acciones de YPF a Repsol.

Cuando Petersen adquirió las acciones se comprometió a pagar con dividendos de sus acciones en la petrolera. Pero tras su nacionalización, YPF prohibió los dividendos, lo que llevó a Petersen a la quiebra al no poder devolver el dinero a los bancos.

La quiebra de las empresas del Grupo Petersen recayó en un juzgado de Madrid, que nombró a un síndico y subastó el derecho a litigar. Esa subasta la ganó Burford Capital, una compañía que se dedica a comprar juicios para luego financiar los litigios como el de Petersen y Eton Park, que eran el segundo y tercer mayor inversor en YPF, respectivamente.