Causa cuadernos: para los peritos, los escribió el chofer Centeno

Los peritos de la Gendarmería Nacional determinaron que los ocho cuadernos en los que Oscar Centeno registró los viajes de funcionarios nacionales que habrían cobrado millonarios sobornos de contratistas y proveedores del Estado durante el kirchnerismo efectivamente fueron escritos por el chofer del exfuncionario Roberto Baratta.

El estudio concluyó además que “existe correspondencia entre los cuadernos originales identificados como 1, 2, 4, 6, 7 y 8, y sus respectivas copias digitales” reveladas en una investigación periodística. Algo que la expresidenta, Cristina Kirchner, siempre puso en duda, al referirse a este material como meras “fotocopias”.

El informe perital de de más de 300 páginas también confirmó mayoría de los manuscritos que conforman los cuadernos originales (1, 2, 4, 6, 7 y 8) “pertenecen a un mismo puño escritural”, que es el de Centeno, según ratificaron los expertos.

Los peritos advirtieron que falta un original de los cuadernos, el número 5, mientras observaron que en el cuaderno 3 hay enmiendas, tachaduras y sobrescrituras sobre las que es imposible determinar su autoría.

“La dificultad para la identificación tiene que ver con la falta de espontaneidad con la que se producen en los escritos agregados, sobrescritos, etc, donde el impulso neuromotor es controlado por la voluntad”, se aclaró tras el peritaje realizado por el comandante mayor Nelson Víctor Vallejos y la segunda comandante Lilia Patricia Sendra Schamne, ambos calígrafos públicos nacionales de la División Documentología y Pericias Caligráficas de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional Argentina. Además, participaron varios peritos de parte.

El juicio por el caso cuadernos comenzará el 6 de noviembre y la expresidenta, Cristina Kirchner, es la principal acusada. Está imputada como presunta jefa de una asociación ilícita que se habría dedicado al cobro de sobornos entre contratistas y proveedores del Estado.

Antes, el 24 de septiembre, se hará una audiencia para organizar a las partes, ya que hay 74 imputados y 626 testigos.

Los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli dispusieron que las audiencias se hagan por zoom y semanalmente, los jueves.

Ya numerosos empresarios declararon como “arrepentidos” y admitieron coimas, mientras que exfuncionarios reconocieron los cobros. Los pagos quedaron registrados en los cuadernos de Centeno, que registró los viajes y las sumas de dinero que recogía en las sedes de las empresas, y que además era el chofer de Baratta, mano derecha del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Ambos están acusados en este caso.

Decomiso de bienes

Por otro lado, el Tribunal Oral Federal 2 que juzgó y condenó a Cristina Kirchner en la causa Vialidad concedió una apelación para que Casación revise el monto dispuesto para el decomiso, pero seguirá adelante con las ejecuciones de bienes.

Los jueces del Tribunal Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu decidieron que la apelación se conceda “sin carácter suspensivo”, según trascendió de fuentes judiciales.

“La concesión del recurso se hará sin suspender el trámite del decomiso que se encuentra en curso”, advirtieron los magistrados, que además rechazaron “in limine” las nulidades que presentó la defensa de la expresidenta contra esa medida.

La apelación se concedió para que la Cámara Federal de Casación revise la actualización del monto del decomiso que quedó calculado en $684.990.350.139,86, a pagar de manera “solidaria” entre todos los condenados por el direccionamiento de obras viales en Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez.

“Es imperativo recordar que este proceso se encuentra transitando ya la etapa de ejecución” y que el monto fijado en el veredicto de diciembre de 2022 quedó firme por decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con lo cual es “cosa juzgada”, señalaron los jueces.

La exvicepresidenta cumple arresto domiciliario tras haber sido condenada a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.