Horas decisivas en la causa por la tragedia del fentanilo adulterado

La causa por la tragedia sanitaria del fentanilo contaminado, que ya dejó casi un centenar de muertes en clínicas y hospitales del país, atraviesa días decisivos en los tribunales federales de La Plata. Allí, el juez Ernesto Kreplak avanza con una agenda de indagatorias que apunta a empleados, técnicos y responsables de calidad de Laboratorios Ramallo, pieza central en la producción de los lotes adulterados. Todo se lleva adelante después de la detención de los principales directivos de HLB Pharma, Ramallo y Alfarma, en donde la Justicia comenzó a escuchar a los trabajadores que tuvieron contacto directo con los procesos de fabricación, control y documentación del fármaco que terminó en las manos de médicos y pacientes.

En este tramo del expediente se busca determinar si la cadena de errores -u omisiones deliberadas- fue fruto de negligencia técnica, complicidad o decisiones directas de la cúpula empresarial. Están bajo la lupa responsables de control de calidad, personal de manufactura y técnicos de laboratorio que tuvieron participación en la producción de los viales contaminados. Tal como viene infomando EL DIA, la primera ola de indagatorias tuvo como protagonistas a los directivos del conglomerado farmacéutico: Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma; sus hermanos Diego y Damián con roles en los directorios; y ejecutivos como Horacio Tallarico, Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio y el propio Tchukran, entre otros.

La situación procesal de los 17 imputados está en manos del Juzgado Federal N°3, que deberá decidir en las próximas semanas si continúan detenidos, si acceden a prisión domiciliaria, si recuperan la libertad o si son sobreseídos por falta de mérito. Entre las declaraciones más resonantes estuvo la de García Furfaro, que buscó despegarse de la producción del fármaco y apuntó contra un excolaborador y contra la propia Anmat. El empresario aseguró que su rol se limitaba al área comercial a través de Alfarma y que los procesos internos de HLB Pharma habían quedado en manos de terceros. No obstante, la imputación lo coloca en el centro de la cadena de decisiones que permitió la fabricación y distribución de los lotes mortales.

De acuerdo a lo informado por voceros, el cronograma judicial marca que en los próximos días desfilarán ante el juez y la fiscal más técnicos y empleados de Ramallo: hoy será el turno de Dayana Astudillo, trabajadora de producción; mientras que la próxima semana desfilarán en los pasillos de 8 y 50 Edgardo Sclafani, jefe de Producción y Mantenimiento; Rocío del Cielo Garay, empleada de manufactura; Adriana Iudica, también de producción; y Eduardo Darchuk, jefe de Producción y firmante de registros de lotes. Todos deberán dar su versión sobre cómo se aprobaron y liberaron al mercado los anestésicos adulterados.

La causa del fentanilo adulterado se convirtió en uno de los expedientes judiciales más sensibles de los últimos años. El avance de las indagatorias en La Plata y la inminente creación de una comisión en el Congreso ponen en juego el futuro de empresarios, técnicos y funcionarios que, de una u otra manera, estuvieron vinculados a la circulación de un medicamento que nunca debió haber llegado a un quirófano.

Con cada audiencia, el expediente suma nuevos elementos que podrían determinar condenas severas y responsabilidades políticas de alto nivel. El futuro de los implicados empieza a definirse, y las víctimas y sus familias esperan que, por primera vez, la Justicia y la política no miren hacia otro lado.

“Acción inmediata”

En medio de las investigaciones judiciales, esta semana la Cámara de Diputados avanzó con distintas tareas de control. Entre ellas, discutió las condiciones de una comisión investigadora por la distribución de fentanilo contaminado en hospitales. Antes del debate parlamentario, familiares de víctimas tomaron la palabra.

Entre ellas, Liliana Peralta, mamá de Leonel Ayala -un docente de 32 años que murió en el Hospital Italiano de La Plata-, quien le solicitó al Congreso “compromiso y acción inmediata en relación a la situación que atraviesan las familias damnificadas y posibles víctimas a raíz de la provisión de fentanilo adulterado”. A su vez, solicitó asistencia psicológica los involucrados, la entrega de historia clínica de las víctimas y un pedido de informes a los centros sanitarios involucrados.