Declarar la emergencia de las políticas públicas

Jorge Colina

eleconomista.com.ar

Se juntó la oposición en el Congreso y dictó una ley de Emergencia a la Discapacidad. Con bombos y platillos se festejó su aprobación. El gobierno la vetó. La oposición se vuelve a juntar en el Congreso y volteó el veto. Con bombos y platillos se festejó el veto al veto. La Emergencia a la Discapacidad es Ley. Milei nada puede hacer.

Toda la gente a festejar que los discapacitados tendrán más beneficios. El presidente cree que mordió el polvo. Bueno, no es tan así.

La ley de Emergencia a la Discapacidad es una pomposa teatralidad con una ley de 20 artículos que los diputados y senadores hicieron para ajustar (en un artículo) por inflación el Nomenclador de la Discapacidad. Este es el listado de honorarios que cobran los trabajadores que asisten a los discapacitados (kinesiólogos, acompañantes, choferes de combi, etc.). Está bien el ajuste porque los valores del Nomenclador están un 50% abajo en términos reales de lo que estaban en 2017, cuando se creó. Pero modificando UN (1) artículo era suficiente. No hacía falta una rimbombante Ley de Emergencia con VEINTE (20) artículos que no dicen nada con sustancia.

Sin costos fiscales

El presidente Milei brama por los degenerados fiscales que ponen en riesgo el equilibrio fiscal. Bueno, no. Se equivocó. Porque al Nomenclador de la Discapacidad lo garpan las obras sociales y las prepagas, no el Tesoro nacional (que este es otro problema; pero no harina de este costal). Así que no tiene costo fiscal.

La oposición en el Congreso, por su parte, se vanagloria de que hizo justicia con los discapacitados. Bueno, tampoco. Porque ajustaron el Nomenclador sólo desde diciembre de 2023, que fue cuando la actual oposición dejó de ser gobierno. Por lo tanto, le ajustaron sólo 25% del 50% que perdieron. Más que justicieros, hipócritas.

Lo más equivocado de la Emergencia de la Discapacidad es que el financiamiento es una función de las provincias. Los discapacitados sin cobertura de obra social y prepagas dependen exclusivamente de las direcciones provinciales de discapacidad a las que la emergencia (que sus diputados sancionan en el Congreso) no les aplica; por ser la discapacidad función provincial.

Un proyecto similar

Al día siguiente se junta el Senado para hacer ley la Emergencia Pediátrica. Los legisladores de la oposición se solidarizan con los trabajadores del Hospital Garrahan. Así como con la discapacidad, bastaba con un artículo que modifique el presupuesto del Ministerio de Salud nacional, tocando la partida del Garrahan.

No. Lo que hacen son largas y tediosas sesiones con discursos inflados y grandilocuentes para aprobar un proyecto de ley declarando la emergencia pediátrica nacional. Otra vez, se les escapa que la atención pública pediátrica no depende del Estado nacional. Por lo tanto, una ley nacional declarando la emergencia pediátrica no le aplica al 99% de los hospitales públicos de la Argentina, que son propiedad de las provincias. Encima, tampoco beneficia al Garrahan. Porque como está redactada la ley no modificó la partida presupuestaria de este hospital; así que, no tiene costo fiscal.

Y el presidente Milei brama contra los degenerados fiscales que, paradójicamente, no suben el gasto público porque no modificaron el presupuesto para el Garrahan.

En políticas públicas hay, y es sano que haya, divergencias entre derecha, centro e izquierda, entre kirchneristas, peronistas no K, libertarios, radicales con peluca y sin peluca. Lo más preocupante es que todos ignoren cómo funciona el federalismo.

En el federalismo hay funciones que son de exclusiva función nacional y otras de exclusiva función provincial. Las funciones sociales (como la discapacidad y la pediatría) son exclusiva responsabilidad de las provincias.

Entonces, las declaraciones pretensiosas de emergencias en responsabilidades que no son nacionales, sino de las provincias, son declamaciones. Puro discurso sin efecto.

Por eso, si el Congreso está necesitado de declarar emergencias que declare la “Emergencia de las Políticas Públicas”. Porque, la verdad, que la calidad de las políticas públicas está en crisis en la alta casa que hace las leyes.

Y en el Poder Ejecutivo también porque cae en el mismo error que el Congreso Nacional.