La Suipachense, entre la asfixia financiera y un gran conflicto gremial

La crisis de la láctea La Suipachense escaló en las últimas semanas a niveles inéditos. Con sede en la localidad bonaerense de Suipacha y controlada desde 2012 por el grupo venezolano Maralac, la firma acumula según datos del Banco Central más de 500 cheques rechazados por un total de $3.642 millones. A los problemas financieros se suman salarios impagos, cortes en la recepción de leche, deudas con proveedores y una producción que se redujo a su mínima expresión.

El escenario se tensó aún más cuando la empresa envió nueve telegramas de despido a personal administrativo y a trabajadores ligados a la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (ATILRA). La firma los acusó de haber estado vinculados a hechos de violencia y hostigamiento dentro de la planta. El gremio, en cambio, desmintió las acusaciones y aseguró que la verdadera razón es el atraso salarial y la decisión de parte del personal de depositar haberes adeudados a los empleados.

La situación desató una movilización multitudinaria en Suipacha, donde vecinos, trabajadores y referentes políticos locales salieron a la calle para defender la fuente de empleo que, en una comunidad de apenas 12.000 habitantes, representa uno de los principales motores de actividad.

En su etapa de mayor expansión, La Suipachense llegó a procesar hasta 250.000 litros diarios de leche. Ese volumen descendió primero a 180.000 litros y en las últimas semanas apenas rondaba los 40.000 litros diarios. Hoy, según fuentes gremiales, ingresa un caudal ínfimo de materia prima y la planta podría paralizarse por completo.

La desconfianza de los tamberos es central en este proceso: de los 180 productores que abastecían a la fábrica, ninguno continúa entregando leche. El temor a nuevos impagos quebró la relación de confianza, una condición indispensable para sostener la operatoria.

El desequilibrio de caja explica buena parte del problema. La compañía necesitaría cerca de $3.000 millones mensuales para funcionar con normalidad, pero apenas recauda unos $500 millones. La brecha derivó en cortes de insumos, suspensión de cuentas corrientes y un efecto dominó que paraliza a la cadena de pagos.

El conflicto laboral sumó un ingrediente explosivo. Según la empresa, los problemas comenzaron a fines de julio, cuando representantes de ATILRA habrían impartido órdenes dentro de la planta, solicitado información confidencial y decidido sobre el manejo de los ingresos. Desde entonces, las medidas de fuerza incluyeron paros y bloqueos, lo que según la conducción empresaria agravó el cuadro de manera sustancial.

Para ATILRA, la crisis responde a otra causa: los atrasos salariales y la decisión de despedir trabajadores administrativos. El sindicato afirma que esos empleados fueron sancionados por haber girado a los trabajadores parte de sus haberes con retraso, cuando la compañía pretendía destinar esos fondos a otros usos. “La deuda salarial explica la reacción, no hubo violencia ni hostigamiento”, respondieron.

La empresa, por su parte, insiste en que la situación trascendió lo laboral. “Es una alarma para cualquier inversor extranjero”, señalaron voceros de Maralac.

En este marco, confirmaron el nombramiento de Pascual Bensadón como nuevo director general, con la misión de recomponer vínculos y recuperar confianza en la cadena de pagos.

El caso de La Suipachense no es el único que involucra al grupo Maralac. Los mismos capitales venezolanos están detrás de ARSA (Alimentos Refrigerados S.A.), productora de postres y yogures SanCor. Allí, las plantas de Monte Cristo (Córdoba) y Arenaza (Buenos Aires) permanecen paralizadas desde mayo, con un pasivo que supera los $49.700 millones y denuncias de vaciamiento. La Justicia incluso dictó una medida cautelar para frenar la salida de maquinaria.

La simultaneidad de los problemas en ambas compañías alimenta la desconfianza de proveedores y acreedores. Dos actores de peso en el sector lácteo atraviesan crisis profundas bajo la conducción del mismo grupo empresario, lo que refuerza las dudas sobre su capacidad de sostener operaciones en el país.

En Suipacha, la situación se vive con preocupación extrema entre los vecinos.

La planta no solo genera más de un centenar de empleos directos, también dinamiza a productores, transportistas y comercios locales. Su eventual cierre implicaría un golpe económico y social de magnitud en una localidad que depende en gran medida de la actividad láctea.

El gremio reclama la intervención del Ministerio de Trabajo para abrir una instancia de conciliación obligatoria. La empresa, por su parte, insiste en que busca recuperar la normalidad, pero con un flujo de leche que prácticamente desapareció y una deuda que crece día a día, el margen de tiempo para encontrar una salida se achica velozmente.

De los 180 productores que abastecían a la fábrica, ninguno está entregando leche

La Suipachense logró, en su mejor momento, participar con hasta un 3% de la producción de leche fluida en la Argentina. Hoy, esa posición en el mercado se desdibuja frente al retroceso operativo y a un clima interno atravesado por acusaciones cruzadas de violencia, acefalía y hostigamiento.

El futuro es incierto. Mientras los directivos aseguran que su objetivo es sostener los puestos de trabajo y retomar el nivel de actividad, advierten que la continuidad dependerá de que se restablezcan las condiciones mínimas de seguridad y confianza. En tanto, ATILRA insiste en que no habrá paz social sin una conducción empresaria clara y el pago completo de los haberes.

La comunidad, los proveedores y los propios trabajadores esperan una definición. El desenlace marcará no solo la suerte de una histórica compañía láctea, sino también la de un pueblo que quedó en el centro de la tormenta.