Argentina no quiere mostrarle el oro a los fondos buitre por YPF

Argentina rechazó ante la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, el pedido de los beneficiarios del fallo de U$S16.000 millones por la expropiación de YPF en 2012, que reclamaban información sobre la ubicación y el uso de las reservas de oro del Banco Central.

“El Gobierno rechazó este pedido explicando que el oro pertenece al BCRA y, al ser una entidad independiente, el Tesoro no tiene acceso a dicha información. De todos modos, enviará un pedido al BCRA. El Gobierno también rechazó el pedido de los beneficiarios para que el ministro Luis Caputo se presente a declarar sobre dicha información”, informó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors.

En enero de 2025, Preska había ordenado al país entregar toda la información requerida por los beneficiarios del fallo, donde el monto a pagar ya asciende a U$S18.000 millones al contabilizar intereses. Entre los datos solicitados se encontraba información detallada sobre la ubicación del oro argentino y otros activos.

Fuentes oficiales de la Procuración del Tesoro, que comanda la defensa del Estado, explicaron: “Nosotros cumplimos con un proceso de discovery que fue exhaustivo y agotador. El nivel de cooperación y la actuación de buena fe por parte de la República Argentina a lo largo de este proceso han sido realmente significativos”.

Además, precisaron que la legislación argentina establece que el Banco Central es un ente autárquico. En ese marco, la Procuración no tiene la potestad ni la competencia para informar nada relacionado a la autoridad monetaria, cuyas reservas, además, tienen inmunidad y no son embargables.

“Ya se está alcanzando un límite extremo, es acoso procesal”, aseguran en relación a los constantes pedidos judiciales.

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En diciembre, Burford Capital, principal beneficiario del fallo, solicitó oficialmente a Preska que declare al país en desacato y le imponga sanciones por supuestamente incumplir órdenes en el proceso judicial, luego de que Argentina entregara más de 113.000 páginas de documentos y el testimonio de diversos funcionarios.

“Los acreedores de la sentencia de YPF notificaron a la jueza Loretta Preska su intención de solicitar sanciones y un fallo de desacato contra Argentina”, había señalado un paper de Latam Advisors. Días atrás, el Gobierno aseguró que, para satisfacer las “demandas irrazonables” de los demandantes, enviará solicitudes de información “al BCRA, la AGN y el Ministerio de Seguridad sobre las reservas de oro”.