Otras dos provincias “productivas” que reciben migajas de Nación

En relación a su población, tal como sucede con la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe reciben significativamente menos coparticipación per cápita que el promedio nacional y que la mayoría de las provincias petroleras.

La región centro concentra la mayor participación de las actividades económicas, con el 71,8%, y también concentra la participación en la distribución de la población del país, 64,2%. Cuando se consolida lo que recibe en concepto de transferencias esta región se lleva sólo el 46,2% de lo distribuido.

En el resto de las regiones esta relación se da de forma inversa, es decir, la participación del consolidado de las transferencias que reciben, logran superar la suma de los indicadores de PBI y de población, según un informe difundido por la Comisión de Coparticipación Federal del Senado nacional sobre las transferencias realizadas por la Casa Rosada el año pasado a las provincias.

La lógica del sistema de coparticipación argentino es redistributiva, lo que implica que la Nación recauda la mayor parte de los impuestos (muchos de ellos generados en provincias productivas como Córdoba y Santa Fe), pero luego los distribuye priorizando a las jurisdicciones con menor desarrollo y menor capacidad de recaudación propia.

Santa Fe y Córdoba tienen fuertes motivos económicos además de políticos para unificar posición ante el Estado nacional. Lo curioso del frente Provincias Unidas es que una está gobernada por el radicalismo y otra por el peronismo disidente.

Junto con Buenos Aires, son conocidas como distritos de alta generación de recursos (principalmente a través de impuestos a la actividad económica y el consumo), pero reciben porcentajes de la masa coparticipable que, en relación con lo que aportan, son percibidos como insuficientes.

Ambas provincias tienen una fuerte base productiva (agroindustria, industria y servicios) y reclaman históricamente una mayor porción de la masa coparticipable. Sus reclamos se centran en que los coeficientes de distribución secundaria (Artículo 4° de la Ley 23.548) no reflejan su peso económico, poblacional y sus necesidades en la prestación de servicios, como seguridad o salud.

Inequidad per cápita

Al analizar la coparticipación federal (sin contar las regalías propias de las provincias petroleras) por habitante, se observa una discriminación clara:

Las provincias productivas, como Córdoba y Santa Fe, se ubican entre las jurisdicciones que menos fondos coparticipables reciben por habitante de todo el país, muy por debajo del promedio nacional. Su gran población y su alto aporte a la masa imponible nacional no se ven reflejados en el retorno per cápita que obtienen.

En un análisis de finales de 2024, Córdoba fue señalada junto a Buenos Aires como una de las provincias con los valores de coparticipación per cápita más bajos.

En cambio, la mayoría de las provincias petroleras de la Patagonia y las provincias con menor densidad poblacional y menor desarrollo relativo tienden a recibir más coparticipación por habitante que el promedio.

Provincias como Tierra del Fuego y Santa Cruz se encuentran históricamente entre las que más fondos coparticipables perciben per cápita.

Tienen motivos económicos, y políticos, para unificar postura ante el Estado nacional

Mientras, Córdoba y Santa Fe (junto con La Pampa) han sido señaladas en mediciones recientes (como las de abril de 2025) como las provincias más desfavorecidas en el crecimiento de las transferencias automáticas por coparticipación, ubicándose entre las que menor incremento real de recursos reciben.

Lo cierto es que el diseño actual de la coparticipación beneficia en términos per cápita a las provincias de menor población y menor desarrollo relativo, por lo que Córdoba y Santa Fe reciben menos que las provincias petroleras (y muchas otras) en relación con el número de sus habitantes.

De todos modos, las provincias con una fuerte base en la actividad hidrocarburífera (como Neuquén, Santa Cruz o Chubut) presentan un panorama fiscal distinto. Si bien también reciben coparticipación, una parte fundamental de sus ingresos propios proviene de las regalías y el Impuesto a los Ingresos Brutos generado por la actividad petrolera y gasífera.

Para provincias como Neuquén, las regalías pueden llegar a constituir un porcentaje significativamente mayor de sus ingresos totales (cercano al 46,4% de sus ingresos, según datos de 2022) que los recursos provenientes directamente de la coparticipación (cerca del 26,5%).

En la distribución de la coparticipación federal pura (Artículo 4°), las provincias patagónicas como Chubut, Neuquén y Santa Cruz tienen asignados coeficientes específicos para el “recupero del nivel relativo” (Artículo 3° inc. c), un beneficio creado en el esquema transitorio de 1988.

El Debate Pendiente

El esquema actual genera un flujo de recursos que, en términos per cápita, suele ser más favorable para las provincias con menor población y base impositiva propia (provincias del Norte Grande y Patagónicas, con la excepción de las generadoras de regalías), mientras que las provincias más grandes y productivas, como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, terminan siendo las que menos reciben en relación con sus aportes o con las necesidades de su gran base poblacional. La reforma de la Ley de Coparticipación, mandato constitucional de 1994, sigue siendo una de las grandes deudas políticas en el país, pues requiere un consenso casi imposible entre 24 jurisdicciones con intereses económicos contrapuestos.

La coparticipación federal de impuestos en Argentina es un tema constante de debate y tensión entre la Nación y las provincias, y especialmente entre distritos con estructuras productivas y demográficas diversas, como Córdoba, Santa Fe y las provincias petroleras (como Neuquén, Chubut o Santa Cruz). El sistema actual, regido por la Ley 23.548 de 1988 (transitoria, pero aún vigente), es ampliamente criticado por generar importantes inequidades fiscales.