La censura previa no es compatible con el sistema democrático

El rechazo unánime de entidades que nuclean a la abogacía y la opinión también contraria de calificados juristas a la reciente decisión de un juez federal que ordenó “cesar” con la propagación periodística de grabaciones atribuidas a la hermana del Presidente –en una situación que plantea un caso de censura previa, según señalaron- constituye un alerta que, de ser desatendido, puede colocar al sistema democrático y republicano de nuestro país ante un verdadero colapso institucional.

Como se sabe, en un comunicado conjunto, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, el Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires y la Asociación de Abogados de Buenos Aires salieron a cuestionar en duros términos la resolución de un juez federal en lo civil y comercial, que el lunes hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el gobierno de Javier Milei y prohibió la difusión, por cualquier medio, de los audios atribuidos a la Secretaria General de la Presidencia y hermana del Presidente, Karina Milei.

Al hacer lugar al planteo del Ejecutivo el magistrado señaló que su decisión “no tiene por finalidad limitar ni menoscabar el debate público, ni el flujo de información que constituye la esencia de un sistema democrático”.

Sobre esta argumentación, los letrados porteños sostuvieron que “aunque presentada como provisoria y excepcional”, la medida “configura un claro supuesto de censura previa, abolida por la Constitución Nacional en sus artículos 14 y 32” y es “incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 CN). Dichas normas garantizan uno de los pilares de nuestra democracia constitucional: la libertad de expresión”.

Los abogados porteños recordaron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación “sostuvo de manera constante que la libertad de expresión ocupa un lugar preferente en el sistema republicano y que toda limitación debe ser de interpretación restrictiva”.

Cabe detallar que la avanzada del Ejecutivo para frenar las publicaciones periodísticas del escándalo se dio en medio del terremoto político por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que salpican a empresarios y funcionarios clave como la hermana del Presidente y su segundo, Eduardo “Lule” Menem, y que se disparó a raíz de otro material atribuido al desplazado titular de la Andis, Diego Spagnuolo.

Corresponde consignar que juristas de relieve como, entre otros, Ricardo Levene, Daniel Sabsay, Juan Carlos Maqueda y Andrés Gil Domínguez, en declaraciones separadas, también formularon severos reparos a la decisión de ponerle un freno a la difusión periodística de los audios a la vez que valoraron el rol del periodismo. Por caso, Sabsay sostuvo que lo que queda de manifiesto con la cautelar que logró la Casa Rosada es que “han habido graves hechos de corrupción” y que lo que se pretende con esta estrategia judicial “es taparlos”.

No debiera ser preciso señalar que en el país no existen dos textos constitucionales ni leyes distintas –unos para quienes ocupan funciones públicas y otros para la población común-, ya que el cuadro normativo vigente es sólo uno e igual para todos los que habitan el suelo argentino. Ningún principio normativo responde a esa diferenciación y, en todo caso, cuando se trata de funcionarios públicos la única distinción existente es que los delitos se encuentran agravados por su condición de tales. Las leyes prevén, entonces, agravamientos y no atenuaciones u omisiones de cumplimiento en los casos de funcionarios públicos.

Más allá de ello, lo esencial que está en juego es la vigencia de la libertad de prensa, amenazada ahora no sólo por una mordaza judicial sino por un contexto de constantes insultos y ataques del Gobierno nacional a quienes ejercen el periodismo. La intimidación a los medios y a periodistas conforman gravísimas amenazas al sistema democrático de vida y deben ser firmemente repudiadas.

Es de esperar, por consiguiente, que no se reproduzcan estos penosos episodios que sólo buscan restringir la libertad de expresión y evitar que se den a conocer documentaciones y pruebas que son públicas. No reaccionar en estos casos equivale a tutelar actitudes anticonstitucionales. Se debe tener en claro que la censura previa no es compatible con el sistema democrático elegido y defendido por la población argentina.