La UTA rechazó el 1% y no descarta ir a un paro de micros

La posibilidad de un cese total de actividades en el servicio de colectivos recuperó protagonismo el pasado martes. El detonante fue el colapso de la última reunión paritaria entre la Unión Tranviaria Automotor (UTA) y las patronales, un encuentro que terminó sin resultados positivos y con las posturas más distantes que nunca.

Esta parálisis en las negociaciones no solo profundizó la grieta entre los sindicalistas y los empresarios, sino que colocó a millones de pasajeros en una situación de incertidumbre. La advertencia es clara: sin un horizonte de acuerdo inmediato, el llamado a medidas de fuerza es prácticamente inevitable.

En el centro de la polémica estuvo la oferta presentada por las cámaras del sector (AAETA, CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA). El sector empresario propuso apenas un 1% de aumento salarial, un número que el sindicato liderado por Roberto Fernández rechazó de plano, tildándolo de provocación y falta de respeto hacia los trabajadores.

La postura gremial es tajante: la UTA no permitirá que los choferes paguen los platos rotos de la pelea por fondos entre las empresas y la Casa Rosada. Por el momento, el gremio se declaró en estado de alerta, a la espera de lo que pueda suceder en la próxima cita virtual, pautada para el martes 20 de enero a las 14:00.

El conflicto es, en esencia, una crisis de financiamiento. Desde las cámaras empresarias aseguran estar sufriendo un "ahogo económico" terminal, provocado por una tarifa que no cubre los costos y una demora crítica en el pago de los subsidios. Según sus propios cálculos, cuatro de cada diez empresas están hoy técnicamente quebradas.

En sintonía con este diagnóstico, Adrián Noriega (portavoz de CEAP) advirtió que la llave de la solución la tiene el Estado. Según el directivo, sin una inyección de fondos frescos por parte de la Secretaría de Transporte, es materialmente imposible cumplir con las pretensiones salariales del gremio.

Desde la vereda sindical, la conducción de la UTA se mantiene firme en la defensa del salario básico de $1.370.000. Insistieron en que no tolerarán retrasos en los pagos ni una degradación de las condiciones laborales frente a la inflación, subrayando que la paz social depende de la actualización de estos haberes.

Finalmente, el gremio elevó el tono de la exigencia institucional y reclamó la intervención directa de Julio Cordero, secretario de Trabajo, para la próxima audiencia. El objetivo es que el Gobierno abandone su rol de espectador y medie en una disputa que, por ahora, solo ofrece acusaciones cruzadas entre el sector privado y el Ministerio de Capital Humano.