$24 millones: polémica por los sueldos de jueces

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz aprobó un esquema de aumentos salariales escalonados para los magistrados del Poder Judicial provincial que acumulará subas de entre el 38% y el 42% hasta octubre de 2026. Según estimaciones oficiales y sindicales, la medida podría elevar los ingresos mensuales de algunos jueces del máximo tribunal a más de 20 millones de pesos, con picos de hasta 24 millones de acuerdo con la antigüedad en el cargo.

La decisión fue formalizada mediante una resolución firmada el 30 de diciembre de 2025, en la previa del inicio de la feria judicial. La medida generó cuestionamientos tanto del gobierno provincial como de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que reclamó que el aumento no sea aplicado y que se frene la ejecución de las partidas presupuestarias destinadas a financiarlo.

De acuerdo con los cálculos difundidos, los salarios de los vocales del TSJ pasarían de montos que en diciembre de 2025 se ubicaban entre los 11 y los 16 millones de pesos a cifras que oscilarían entre 17 y casi 24 millones en octubre de 2026. El incremento acumulado representaría hasta siete millones de pesos adicionales por magistrado.

La resolución fue suscripta por los jueces Renée Fernández, Fernando Basanta, Alicia de los Ángeles Mercau y Paula Ludueña. No contó con la firma del quinto integrante del tribunal, Daniel Mariani, ni con la participación de los cuatro nuevos vocales designados recientemente por el Poder Ejecutivo y la Legislatura provincial.

La exclusión de estos últimos se vincula con el fallo dictado el 18 de diciembre pasado, cuando Fernández, Basanta, Mercau y Ludueña declararon inconstitucional la ley que amplió el Tribunal Superior de cinco a nueve miembros. Esa decisión se encuentra actualmente bajo revisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los mismos magistrados también habían rechazado durante varios meses el pago de los salarios de los jueces designados a propuesta del gobernador Claudio Vidal.

En los fundamentos de la resolución, el TSJ argumentó que el esquema de aumentos responde a criterios de “equidad” y “razonabilidad”, y sostuvo que las remuneraciones judiciales no deben diferir de manera significativa de las que perciben magistrados de otras provincias ni del ámbito federal. Para respaldar la decisión, citó jurisprudencia de la Corte Suprema vinculada a la intangibilidad salarial y a la independencia del Poder Judicial, y señaló que los incrementos están contemplados en el anteproyecto de Presupuesto General 2026 elaborado por el propio Poder Judicial.