Cruce entre dos aliados de LLA por una tasa vial

Con la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires como árbitro, en las últimas horas escaló el reclamo que enfrenta a dos aliados libertarios en la Justicia.

A la cabeza de la disputa está el exdiputado bonaerense de La Libertad Avanza (LLA), Guillermo Castello, quien interpuso un recurso judicial contra la tasa vial que cobra el municipio de General Pueyrredón, gobernado también por aliados del oficialismo.

En el distrito que tiene como ciudad cabecera a Mar del Plata se cobra un 3 por ciento extra por cada carga de combustible para alimentar un fondo de mejora de los caminos y calles. Una medida que incluso ha sido cuestionada por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, quien rechaza la aplicación de este tipo de tasas y a fines del año pasado expuso a los intendentes de todo el país al difundir un mapa que agrupa los tributos que cobran cada municipio.

Guillermo Castello

Según se desprende de ese documento, General Pueyrredón aplicó durante 2025 cuatro de las cinco tasas que critica el ministro de Economía. En el caso de la tasa vial, Mar del Plata aplica la alícuota más alta de la provincia, junto a Pinamar, de un 3% sobre el total del ticket.

La localidad balnearia cobra además un 5% por tasa de Inspección Seguridad e Higiene a las entidades financieras. Aunque en este caso es superada por Quilmes (5,25 por ciento), La Matanza y La Plata (ambas con el 7 por ciento), y Bahía Blanca (8,25 por ciento).

Guillermo Montenegro

El municipio cobra también la tasa de inspección a las actividades primarias: del 0,6 al 0,9 por ciento sobre ingresos brutos. Y también aplica una tasa de inspección a los hipermercados, del 1% sobre ingresos brutos.

De los cinco ítems consignados en el Mapa Tributario Municipal que elaboró el Palacio de Hacienda, el municipio costero no aplica el correspondiente a la tasa de inspección sobre las industrias.

Una pelea de larga data

En su puja judicial, Castello busca que se declare la inconstitucionalidad de la tasa vial que se cobra en General Pueyrredón. Algo que lo enfrenta al exintendente Guillermo Montenegro (actual senador provincial) y a su reemplazante en el municipio, Agustín Neme, ambos del Pro, pero aliados libertarios.

El exlegislador marplatense ya obtuvo un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, que antes había declarado legal el cobro de la tasa.

Ahora será la Corte provincial la que deberá definir si es legal o no la tasa vial que Montenegro envió al Concejo Deliberante a principios de 2024 y que el cuerpo legislativo municipal aprobó.

La pelea entre Castello y Montenegro viene de larga data. El exdiputado había logrado un fallo favorable hace más de un año, en agosto de 2024, cuando la Justicia en lo Contencioso Administrativo de General Pueyrredón declaró la inaplicabilidad de la tasa, pero solo sobre el diputado. El municipio apeló ese fallo y la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo lo revirtió.

Castello interpuso un nuevo recurso, en el que insistió con que el tributo “no constituye jurídicamente una ‘tasa’ por no reunir las exigencias constitucionales requeridas, especialmente la prestación concreta, efectiva o potencial e individualizada de un servicio”.

El exdiputado libertario advirtió además que la medida municipal “viola la prohibición de no aplicar gravámenes análogos a los nacionales coparticipables impuesta por el artículo 9 de la ley 23.548″, y consideró que “se viola la prohibición de establecer gravámenes a los combustibles líquidos estipulada por el artículo 29 del decreto ley 505/58”.