La Justicia pidió el decomiso del departamento donde vive Cristina

El fiscal general Diego Luciani avanzó ayer en una segunda etapa de decomisos de los bienes de la expresidenta Cristina Kirchner y su familia y requirió la entrega de 141 propiedades, entre las que se encuentra el departamento de San José 1111, donde se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria, tras haber sido condenada por la causa Vialidad. Además, en el escrito figuran el chalet de Río Gallegos, el hotel Alto Calafate y dólares que su hija, Florencia, posee en una cuenta de seguridad.

En un extenso listado, el fiscal enumeró 141 inmuebles, incluyendo propiedades de la expresidenta, de Lázaro Báez y de los demás condenados en el expediente. Éste fue presentado ante el Tribunal Oral Federal 2, responsable de ejecutar la pena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado que pesa sobre Cristina, Lázaro Báez, José López y Nelson Periotti, entre otros, con el objetivo de cubrir los 685.000 millones de pesos que se fijó como monto del fraude, ocasionado a través de las 51 licitaciones direccionadas, con sobreprecios promedio del 65 por ciento y circuitos exclusivos del pago para el Grupo Austral.

“Venimos por el presente a identificar nuevos bienes de las personas condenadas para que se ordene su decomiso. En concreto, solicitamos el decomiso de 141 inmuebles —13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128, a sociedades vinculadas a Lázaro Báez—; 46 automotores”, sostiene el dictamen de la fiscalía.

Junto a un exhaustivo detalle de propiedades, el Ministerio Público reclama como parte del decomiso los 4.664.000 dólares de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; 992.134 dólares de la caja de ahorro del Banco de Galicia, y 53.280,24 pesos.

Cabe recordar que el TOF 2 ordenó avanzar sobre todos los bienes incorporados al patrimonio de los acusados entre mayo de 2003 y diciembre de 2015. Es la ventana temporal durante la cual se desarrolló la maniobra defraudatoria.

La medida que solicitan el fiscal Luciani y su par Sergio Mola, responde a que las personas condenadas, “intimadas a depositar 684.990.350.139,86 pesos por la defraudación colosal a la Administración pública, todavía no han depositado ni un solo peso a pesar de que venció hace meses el plazo para hacerlo”.