A un año del escándalo de $Libra: investigación estancada, millones en el limbo y el oficialismo en silencio

El 14 de febrero de 2025, la criptomoneda $LIBRA fue lanzada al mercado y en cuestión de minutos se convirtió en un fenómeno global. A las 19:01 de ese día, el presidente Javier Milei publicó en su cuenta de X un código de acceso que permitía operar con el token y lo presentó como parte de un proyecto destinado a financiar empresas argentinas.

Tras la publicación, el valor de la moneda se disparó durante unos 40 minutos antes de derrumbarse abruptamente. El episodio dejó ganancias millonarias concentradas en un pequeño grupo de billeteras digitales —presuntamente con información privilegiada— y pérdidas para miles de inversores. Desde entonces, el episodio derivó en denuncias judiciales en Argentina y en Estados Unidos por presunta estafa y manipulación del mercado.

Silencio oficial y respuestas parciales

A lo largo del último año, el Poder Ejecutivo evitó brindar explicaciones detalladas sobre el proyecto. Ningún funcionario se presentó ante la comisión investigadora creada en el Congreso ni respondió formalmente a los pedidos de información pública.

Las únicas referencias del Presidente al caso fueron en entrevistas televisivas, donde sostuvo que los inversores conocían los riesgos de operar con memecoins y comparó ese mercado con un casino. La explicación oficial más elaborada llegó a través de una unidad administrativa dependiente del Ministerio de Justicia, cuyo informe concluyó que Milei actuó “como ciudadano” al difundir el token, pese a hacerlo desde una cuenta verificada como oficial.

Los vínculos empresariales

Detrás de $LIBRA aparece la figura de Hayden Mark Davis, un empresario estadounidense vinculado al mundo blockchain, junto a los operadores argentinos Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli. El trío había impulsado previamente proyectos cripto en el país, entre ellos el desembarco de Cube Exchange, una iniciativa que prometía canalizar inversiones digitales hacia sectores productivos.

Durante 2024 mantuvieron reuniones en Argentina, participaron de eventos tecnológicos y anunciaron acuerdos de cooperación que nunca fueron explicados en detalle. Documentos presentados en sede judicial indican que existieron convenios confidenciales y transferencias de fondos que ahora forman parte de la investigación.

La operatoria y las ganancias

Registros de la blockchain muestran que 74 billeteras compraron grandes volúmenes de $LIBRA antes de la publicación presidencial. Ese grupo obtuvo las mayores ganancias durante el pico de cotización. Posteriormente, la caída del token afectó a miles de usuarios, en su mayoría argentinos.

Un informe remitido al Congreso por la plataforma Ripio indicó que más de 1.300 cuentas locales operaron con el activo durante la noche del lanzamiento. La magnitud de las pérdidas individuales aún no fue oficialmente cuantificada.

La causa judicial

El expediente tramita en el Juzgado Federal N°8. A casi un año del episodio, todavía no se realizaron indagatorias, lo que generó críticas de abogados querellantes que denuncian demoras en la instrucción. Inversores extranjeros intentan ser aceptados como parte en la causa, sin resolución definitiva.

En paralelo, la comisión investigadora del Congreso avanzó con pedidos de informes y citaciones que no obtuvieron respuesta. Tampoco contó con respaldo judicial para hacer comparecer a testigos clave.

El dinero sin explicación

Uno de los puntos más sensibles es el destino de los fondos generados por la maniobra. Hayden Davis declaró que quedó bajo su control un volumen cercano a los 110 millones de dólares en criptoactivos que, según afirmó, pertenecerían a la Argentina. Posteriormente anunció la creación de un fideicomiso denominado Libra Trust para financiar proyectos productivos, aunque no se difundieron balances, criterios de asignación ni beneficiarios concretos.

Sin documentación pública verificable, ese capital continúa rodeado de incertidumbre.