La presión que ejercieron los aliados del oficialismo torció el rumbo

La reforma laboral avanzará en la Cámara de Diputados sin uno de sus puntos más controvertidos. Tras una serie de advertencias públicas de aliados clave, el Gobierno resolvió eliminar el artículo que modificaba el régimen de licencias por enfermedad, una concesión decisiva para asegurar apoyos y evitar que el proyecto naufrague en el recinto.

La decisión no fue espontánea: fue la consecuencia directa de la presión ejercida por gobernadores y bloques que el oficialismo necesita para construir mayoría. Esos sectores habían anticipado que no acompañarían el texto aprobado por el Senado, lo que encendió alarmas en la Casa Rosada.

El aviso de un gobernador

El primer gesto de ruptura lo dio el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quien adelantó que los diputados alineados con mandatarios peronistas dialoguistas no votarían el artículo cuestionado. “Los diputados del bloque Innovación Federal, Independencia y Elijo Catamarca no van a votar el art. 44”, publicó en su cuenta de X. Se trata de 15 legisladores estratégicos para el oficialismo.

Sáenz fue más allá y planteó que, si la redacción había sido producto de un error, “lo más justo y prudente es corregirlo y, mucho mejor, eliminarlo”. Y agregó un argumento político que sintetizaba la resistencia: “Nadie elige accidentarse o enfermarse. Tenemos la responsabilidad y obligación de dar garantías y certezas con esta nueva ley y no generar incertidumbre y angustia a los trabajadores”.

Ese posicionamiento dejó al descubierto el riesgo concreto de que la reforma perdiera apoyos esenciales.

El PRO también marcó un límite

El reclamo no se limitó a los bloques provinciales. El PRO, socio parlamentario central del oficialismo, exigió directamente la baja del artículo. El jefe del bloque, Cristian Ritondo, sostuvo que “la mejor manera de lograr la ley de modernización laboral es dando de baja el artículo 44”.

Ritondo ya había advertido que la reducción de plazos de licencia paga y el nuevo esquema de remuneración “merecen ser revisados” porque podían afectar niveles de protección vigentes. Según su postura, ordenar el sistema y evitar abusos no debía traducirse en recortes a trabajadores realmente enfermos.

Los 12 votos del PRO son determinantes para la aprobación del proyecto, lo que convirtió su postura en un factor decisivo. El diputado Martín Yeza reforzó esa posición al señalar que el artículo había sido incorporado “a la medianoche” del tratamiento en el Senado sin explicaciones claras. “Nosotros naturalmente ese artículo así no lo acompañaríamos”, advirtió.

Frente a ese escenario, el oficialismo optó por ceder. Con el riesgo de quedarse sin los votos necesarios para sesionar, aceptó eliminar el artículo y despejar el principal foco de conflicto interno.

El episodio expuso el delicado equilibrio político que rodea a la reforma laboral: el Gobierno necesita negociar cada punto con aliados que apoyan la modernización del régimen, pero que no están dispuestos a asumir el costo político de medidas percibidas como un recorte de derechos.

La marcha atrás no solo habilitó que el proyecto siga su curso legislativo, sino que mostró el peso real de los bloques dialoguistas en la arquitectura parlamentaria del oficialismo. La ley avanza, pero con modificaciones impuestas por quienes, sin ser parte del Gobierno, hoy definen sus límites.