Rectores reclaman una mejora salarial en las universidades

Los rectores de las universidades nacionales salieron ayer a apoyar la demanda de mejora de los salarios del sistema, subiendo la tensión de un conflicto ya permanente con el Gobierno Nacional que podría tener una huelga en el inicio del ciclo académico, según lo que adelantó el gremio docente Conadu a fines de enero.

A través de una nota pública, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que integra a las máximas autoridades de 70 universidades públicas), salió con un doble reclamo que a la negociación de una mejora salarial le sumó el de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma sancionada en el Congreso Nacional que el Gobierno intentó frenar con un veto del presidente, Javier Milei. La norma, discutida en un clima de protesta por la licuación inflacionaria del presupuesto universitario entre 2023 y 2025, prevé su actualización automática según el costo de vida.

Los salarios se llevan alrededor del 90 por ciento del total de la asignación al sistema. En todo el lapso de la presidencia en curso las mejoras se orientación especialmente a las partidas para gastos, que se lleva el 10 por ciento restante.

A fines del mes pasado, el gremio docente Conadu, que integra al platense Adulp, advirtió que irá al paro en la fecha de inicio de las cursadas, entre marzo y abril.

Ahora, el CIN, recordó que “desde hace cuatro meses existe una ley aprobada por el Congreso de la Nación, cuyo cumplimiento corresponde al Poder Ejecutivo”.

La norma, se sostiene, no sólo asegura fondos. “Con la misma urgencia con que lo venimos señalando desde hace meses, dicha ley dispone la inmediata convocatoria a paritarias para las y los trabajadores de las universidades nacionales, a fin de establecer una recomposición de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Del mismo modo, establece pautas de actualización de gastos de funcionamiento, de sostenimiento del sistema científico y tecnológico y la actualización de montos destinados a becas estudiantiles”, se expresa en la declaración difundida en la víspera.

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Luego, los rectores afirman que “siempre estaremos dispuestos a encontrar soluciones a problemas angustiantes que hoy afectan el normal desarrollo de las actividades en el ámbito universitario, pero toda iniciativa debe partir del cumplimiento efectivo de la ley vigente sancionada por el Congreso Nacional, comenzando por la apertura inmediata de paritarias en este 2026 para la recuperación salarial, que consideramos urgente por la delicada situación que atraviesan docentes y nodocentes del sistema universitario público nacional”.

Finalmente, declaran que “no se trata únicamente de una cuestión presupuestaria, sino de garantizar, respetando el marco normativo vigente, las condiciones mínimas e indispensables para el desarrollo de las actividades académicas y científicas que realiza nuestro sistema universitario, estratégicas y vitales para el desarrollo de la Nación”.

Un cálculo realizado en el Congreso en torno al debate de la Ley indicaba que la actualización para 2025 requería 2 billones de pesos (0,23% del PBI). La actualización de los salarios por la pérdida de poder adquisitivo entre 2023 y 2025, requería de una suba del 40,8%, según esa estimación. A fin del año pasado, las universidades pidieron un presupuesto total de 7,2 billones para 2026, pero la ley finalmente sancionada contempló 4,8.