Eutanasia en Argentina: cinco proyectos buscan ampliar el derecho a elegir cómo morir

La posibilidad que la eutanasia sea una opción legal en Argentina se instala cada tanto en la agenda nacional. Así ha vuelto a hacerlo de hecho en estos últimos días a partir de un caso que repercutió a nivel mundial: el de Noelia Castillo Ramos, una joven española a la que le fue concedido el derecho de tener una muerte asistida tras un duro tormento físico y emocional.

Existen en el Congreso de la Nación cinco proyectos que buscan ir más allá de la actual Ley de Muerte Digna (26.742) legalizando la eutanasia activa y el suicidio asistido no sólo ante enfermedades graves e incurables, sino también en situaciones de dolores insoportables o enfermedades mentales que deterioren la vida cotidiana de las personas.

Y es que la normativa vigente hasta hoy, la llamada Ley de Muerte Digna, sancionada en 2012 para garantizar el derecho a morir “sin sufrimiento desmesurado” sólo le permite a los pacientes mayores de edad rechazar tratamientos médicos, de hidratación o alimentación que prolonguen su vida. Se trata técnicamente de una eutanasia pasiva; su forma activa continúa siendo penalizada con hasta 6 años de prisión por nuestro Código Penal.

Además del proyecto Ley Alfonso, impulsado en 2024 por las legisladoras peronistas Gabriela Estévez y Carolina Gaillard, que se enfocó en la muerte voluntaria médicamente asistida, y la iniciativa denominada Ley de Buena Muerte, presentada por los radicales Alfredo Cornejo, Jimena Latorre y Alejandro Cacace, existen otros tres proyectos que aún tienen estado parlamentario como es el de la exsenadora Silvina García Larraburu y los textos de los diputados Miguel Ángel Pichetto y Martín Ardohain.

SUICIDIO MÉDICAMENTE ASISTIDO

La Regulación de la Eutanasia y el Suicidio Medicamente Asistido “ya rige en varios países del mundo” y la Argentina “no puede permanecer al margen” porque “tiene que ver con la dignidad” de las personas, sostiene, García Larraburu, autora del proyecto denominado así.

Su iniciativa, presentada en noviembre del año pasado, tiene como objetivo principal que toda persona tenga el derecho de “solicitar y recibir asistencia médica para poner fin a su vida” de manera “digna, voluntaria e informada” y conocer las condiciones establecidas.

Para ello propone que “no será punible ni civil ni penalmente” el profesional de la salud “que actúe conforme a los procedimientos y requisitos” previstos en en el proyecto, y establece que el solicitante “podrá revocar su decisión en cualquier momento del proceso” sin ningún tipo de motivo mediante el medio que muestre “inequívocamente su voluntad”.

Hasta hoy rige en el país la “Ley de Muerte Digna”, que sólo permite una eutanasia pasiva

Respecto a los menores de edad, la misma iniciativa plantea que sus padres o tutores legales podrían solicitar la eutanasia mediante un pedido formal “con intervención de la Defensoría de Menores e incapaces”, al igual que los incapaces declarados por sentencia judicial que, además, necesitarán la “intervención del juez competente”.

“El derecho a una muerte digna no impone obligaciones a nadie: simplemente garantiza que la voluntad libre y consciente del paciente sea respetada, bajo un marco médico y jurídico seguro, transparente y humano. Mi compromiso es abrir este debate con seriedad, sin prejuicios, y poniendo en el centro a quienes sufren y a sus familias. Ojalá se dé el tratamiento de este proyecto”, afirma la exsenadora

ASISTENCIA PARA TERMINAR LA VIDA

Otro de los proyectos que mantienen estado parlamentario es el presentado en 2024 por el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto para resguardar el derecho de toda persona a “solicitar y recibir la asistencia necesaria para terminar con la propia vida” y morir “dignamente”.

Esta iniciativa, a diferencia de las otras, reconoce que “la decisión sobre la propia vida” pertenece a la “esfera de la libertad individual”.

“La calidad de vida es una valoración personalísima: lo que para uno puede ser tolerable, para otro puede no serlo. Por eso, el Estado no está para imponer una moral única, sino para reconocer esa libertad y garantizar que cada persona, en pleno uso de sus facultades, pueda decidir sin coerción y con información suficiente”, explica el legislador.

El proyecto de Pichetto sostiene que la eutanasia activa se podrá llevar a cabo mediante la “administración directa de una sustancia” o “de los medios necesarios” por parte del médico responsable. Sin embargo, también, se podrá dar “indirectamente”, a través de un suministro indicado por el personal de salud al paciente “para su autoadministración”.

En cuanto a los menores de edad e incapaces de derecho, la iniciativa sostiene que las personas entre 16 y 18 años “tienen plena capacidad” por sí mismos para “prestar su consentimiento”, pero, aclara que el médico responsable “valorará la intervención de los padres o de quien ejerza la tutela del menor” en dicho proceso.

Respecto a las personas incapaces de derecho, se requerirá del “expreso acuerdo y consentimiento”, tanto de quien ejerza su curatela como del juez interviniente en el caso.

En referencia a las personas menores de 16 años que pretendan acceder al uso de esta posible ley, sólo se podrá aplicar en aquellos casos que se encuentre “en la fase final de una enfermedad terminal o esté experimentando sufrimiento extremo” al momento de solicitar la eutanasia.

“Lo que corresponde es establecer un marco legal claro, con controles y responsabilidades, que resguarde esa decisión y evite abusos”, aclara Pichetto.

ASISTENCIA MÉDICA PARA MORIR

“Eutanasia y la Asistencia Médica para Morir” es como se conoce la iniciativa presentada por el diputado nacional Martín Ardohain para “garantizar el derecho” de toda persona a “transitar con dignidad el proceso de morir”.

“El fin de este proyecto es asegurar la libertad de decisión, la dignidad, la ausencia de presiones de cualquier índole, la claridad e igualdad en los procedimientos y la seguridad jurídica. Asimismo, se reconoce el derecho de cada individuo a decidir sobre su propio destino y a evitar sufrimientos que considere insoportables según su percepción personal”, sostiene el texto.

Con este proyecto, la persona que solicite asistencia para morir deberá presentar “una petición voluntaria, libre, expresa e informada”, en la que se manifieste de forma clara y por escrito “su decisión de acceder al procedimiento”, con fecha, nombre y apellido, edad, domicilio, diagnóstico y estado actual de salud.

Esa solicitud sería “evaluada por equipo interdisciplinario”, que analizará “la procedencia del pedido y verificará el cumplimiento de los requisitos legales, éticos y clínicos”. Una vez finalizado el examen, la persona “deberá reafirmar su voluntad libre e inequívoca” previo a la aplicación del procedimiento.

Para los menores de 16 años, al igual que en los dos proyectos anteriores, se podrá solicitar con la autorización de los padres o tutores legales, pero también deberá existir “una evaluación médica y psicológica” que confirme que “el niño comprende el significado de la decisión”.

“La decisión sobre la propia vida pertenece a la esfera de la libertad individual”

Como establece este proyecto, el personal de salud que intervenga en el procedimiento administrará directamente los medios necesarios para la eutanasia o, en el caso de la muerte asistida, “facilitará los medios para que el propio paciente” lo lleve adelante.

Si el paciente, en algún momento del procedimiento, manifestara la voluntad contraria, es decir, dar marcha atrás, “será siempre revocable” y se producirá “el cese inmediato”, junto con la cancelación “definitiva de todas las actuaciones en curso relacionadas con la solicitud”.

La iniciativa de Ardohain incluye un artículo en el que consta que “será reprimido con prisión de uno a cuatro años”, cualquier persona que “instigare a otro al suicidio” o “le ayudare a cometerlo”, aun si el suicidio no se consumara.

“Espero que pronto podamos dar el paso decisivo hacia la apertura de este debate de manera respetuosa y que nuestro país pueda sumarse a la lista de naciones que han regulado y garantizado el derecho a la eutanasia, eso no solo significará una evolución legislativa, sino también una verdadera conquista democrática, solicito a mis pares acompañen la sanción del presente proyecto de Ley”, sostiene el legislador.