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El nuevo régimen provincial permite que varios usuarios se asocien para generar electricidad y obtener un beneficio en su factura eléctrica. Qué dicen los especialistas
la provincia cuenta con un centro demostrativo y de investigación en energías renovables en la plata / el dia
La reciente reglamentación de la Generación Distribuida Domiciliaria Comunitaria en la Provincia de Buenos Aires habilitó a hogares, pymes y pequeños comercios a producir energía solar, consumirla y volcar el excedente a la red eléctrica a cambio de créditos en la factura. No obstante, antes de invertir en paneles solares, es fundamental analizar costos, consumo y viabilidad técnica.
La Resolución 17/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense amplió el alcance de la ley provincial y permitió esquemas asociativos. A partir de esta normativa, vecinos, comercios o empresas pueden compartir una instalación y distribuir los beneficios, siempre que dependan de la misma distribuidora y cuenten con suministros compatibles.
La generación distribuida se basa en cubrir el consumo propio con energía solar y vender el excedente. Para ello se utiliza un medidor bidireccional, que registra tanto la energía consumida como la inyectada a la red y convierte ese saldo a favor en un descuento en la factura. Estos equipos suelen ser provistos e instalados por la distribuidora, aunque pueden existir costos administrativos o de conexión.
En términos de recurso solar, la región recibe entre 2.500 y 3.100 horas de sol al año, con una mayor radiación en verano y una menor en invierno. Esta variabilidad incide directamente en la producción de energía y en el tiempo necesario para recuperar la inversión.
Un hogar promedio de EDELAP consume unos 400 kWh mensuales (4.800 kWh anuales), con un gasto cercano a $559.000 al año según tarifas de 2025. Con inflación proyectada, ese monto podría superar los $700.000 anuales.
Los paneles solares más comunes, de 380 a 400 W, generan entre 500 y 730 kWh por año cada uno. Para cubrir el consumo promedio y generar excedentes, se requiere un sistema de alrededor de 3,8 kWp, compuesto por unos 10 paneles, capaz de producir entre 5.000 y 6.000 kWh anuales.
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Con una instalación de esa escala, la factura eléctrica puede reducirse a unos $159.000 anuales, más los créditos obtenidos por la energía excedente inyectada, estimados en alrededor de $65.000 por año. El costo de los paneles para ese sistema ronda entre $2,25 y $3,28 millones, a lo que se deben sumar el equipo inversor, la estructura y la instalación.
Desde el plano técnico, Jerónimo Larsen, educador y asesor en sostenibilidad orientado a energías renovables, señaló que el punto de partida es más sencillo de lo que muchos imaginan. “Lo principal es hacer un diagnóstico energético básico: saber cuánto se consume y en qué momentos del día. A partir de eso se puede definir un sistema de paneles solares adecuado, con equipamiento certificado e instaladores capacitados”, explicó. En la mayoría de los casos, agregó, los sistemas conectados a la red y sin baterías resultan los más convenientes para viviendas, comercios e industrias, ya que permiten un mayor ahorro en la factura eléctrica. Solo en zonas con cortes frecuentes o problemas de tensión conviene evaluar soluciones con almacenamiento como las baterías.
El costo de almacenar energía solar en casas con cortes frecuentes varía según la potencia del sistema, el tipo de baterías y los equipos, y en el país una instalación doméstica completa con paneles y baterías puede rondar entre u$s 10.000 y 12.000, mientras que sistemas más grandes o con baterías de litio de alta capacidad pueden superar ese valor; en cambio, solo paneles sin baterías cuestan entre u$s 3.000 y 5.000.
Las baterías para almacenar energía solar varían mucho según capacidad y tecnología. Las grandes de litio para respaldo completo de una casa (20 kWh) cuestan entre 2,5 y 6,6 millones de pesos, mientras que opciones más pequeñas o modulares (12 V 200 Ah o 5–10 kWh) van desde 1,3 hasta 2,8 millones de pesos. Las baterías de plomo‑ácido, más básicas y de menor duración, pueden costar desde 183.000 a 366.000 pesos para capacidades pequeñas, ideales para sistemas modestos o respaldo parcial.
Una mirada complementaria aporta Nicolás Porfiri, especialista en energías renovables y fundador de una casa de venta de equipos del rubro ubicada en Diagonal 73. Para él, uno de los errores más comunes al momento de encarar un proyecto es no tener claro qué problema se busca resolver. “A veces el cliente llega porque paga una tarifa muy cara, otras porque sufre cortes frecuentes, y en otros casos porque quiere ser más proactivo desde lo ecológico o lo tecnológico, como empresas con perfil sustentable. Por eso lo ideal es asesorarse bien, definir el objetivo y armar un proyecto a partir de un relevamiento real del lugar”, sostuvo.
Porfiri remarcó la importancia de que el usuario entienda integralmente cómo funciona la energía solar y cuáles son las limitaciones del sistema. “No se trata solo de comprar paneles, sino de comprender qué se está contratando, cómo va a funcionar y qué se puede esperar. Eso se construye desde una primera charla, un relevamiento físico y una explicación clara del proyecto”, explicó.
En cuanto a los sistemas disponibles, el especialista detalló que los que permiten inyectar energía a la red son los on-grid y los híbridos, siempre acompañados por un medidor interno y un medidor bidireccional hacia la red. Para viviendas o pequeños comercios, señaló que en muchos casos puede ser conveniente evaluar sistemas con baterías, no solo por el ahorro sino también como respaldo ante cortes de suministro, una situación habitual en varias zonas de la provincia. “Ahí el sistema no solo ahorra, sino que también brinda seguridad energética”, indicó.
Respecto de la inversión, los valores varían según el tamaño y el tipo de solución. Larsen estimó que una vivienda suele requerir entre 3.000 y 6.000 dólares, mientras que una empresa puede partir desde los 8.000 dólares, con plazos de recupero que hoy oscilan entre uno y tres años. Porfiri agregó que muchos proyectos pueden pensarse de manera escalable, en etapas, lo que permite comenzar con una potencia menor e ir ampliando el sistema. “Un pequeño comercio, por ejemplo, puede arrancar con un equipo de 6 kilovatts y dividir la inversión en dos fases”, explicó.
En términos de costos, los sistemas sin baterías son los más económicos y los que presentan una tasa de retorno más rápida, ya que el almacenamiento representa una parte importante de la inversión. Según Porfiri, hoy es posible iniciar proyectos pequeños a partir de valores más accesibles, con tasas de retorno que pasaron de cinco o siete años a rangos de entre tres y cuatro años, e incluso menos, dependiendo de la tarifa eléctrica y de la zona.
La Ley Nacional 27.424 es el marco general en la Argentina para la generación distribuida de energía renovable. Reconoce el derecho de los usuarios conectados a la red eléctrica a generar energía para autoconsumo y a inyectar los excedentes a la red pública, recibiendo una compensación mediante el sistema de balance neto de facturación. Declara esta actividad de interés nacional y fija los principios básicos técnicos, contractuales y económicos que deben cumplir usuarios y distribuidoras.
La Provincia de Buenos Aires adhiere a este régimen nacional mediante la Ley 15.325, que lo declara de interés provincial y habilita a dictar normas propias para su aplicación local. Esta ley es la base jurídica que permite que el sistema de generación distribuida funcione dentro del territorio bonaerense y que las distribuidoras provinciales, como EDELAP, lo implementen.
El Decreto provincial 2371/2022 reglamenta la Ley 15.325 y establece cómo se aplica en la práctica el régimen de generación distribuida en la provincia. Define que los usuarios pueden generar energía renovable para autoconsumo e inyectar excedentes, obliga a las distribuidoras a permitir el acceso a la red siempre que se cumplan las condiciones técnicas, y adhiere a los beneficios previstos por la ley nacional.
La Resolución 463/2023 de la Provincia de Buenos Aires baja ese marco legal a un nivel operativo. Fija las condiciones técnicas, contractuales y tarifarias que deben cumplir los usuarios-generadores y las distribuidoras para habilitar la conexión de equipos de generación renovable a la red eléctrica. Esta resolución es la que regula concretamente cómo un usuario puede convertirse en prosumidor.
El Anexo IF-2024-04700096-GDEBA-GCCOCEBA, que forma parte de la Resolución 463, contiene los requisitos técnicos específicos: reglas de acometida, medición, protecciones eléctricas, seguridad y parámetros de conexión. No es una ley independiente, pero es obligatorio porque garantiza que la inyección de energía no afecte la calidad ni la seguridad del servicio eléctrico.
la provincia cuenta con un centro demostrativo y de investigación en energías renovables en la plata / el dia
Nicolás Porfiri, especialista en energías renovables y fundador del comercio de Diag. 73, 26 y 27
Jerónimo Larsen, educador y asesor en sostenibilidad orientado a energías renovables
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