La Suprema Corte bonaerense prohíbe a jueces utilizar policías para tareas personales y advierte sanciones

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires dispuso que los magistrados no podrán asignar tareas personales al personal policial destinado a su custodia y advirtió que el incumplimiento de esta norma será considerado una falta grave.

La medida quedó establecida en un convenio de coordinación firmado entre el máximo tribunal —presidido por Hilda Kogan— y el Ministerio de Seguridad bonaerense, en un contexto marcado por la preocupación por la seguridad en el ámbito judicial.

El acuerdo tiene como objetivo principal reforzar la custodia en sedes tribunalicias, aunque uno de sus puntos más destacados es la delimitación de funciones del personal policial. En su cláusula cuarta, el documento establece que los efectivos “cumplirán exclusivamente funciones de seguridad” y prohíbe de manera expresa que magistrados o funcionarios les asignen tareas ajenas a ese rol.

De este modo, se deja asentado que los policías no podrán ser utilizados para la realización de trámites, diligencias personales ni otras actividades que no estén vinculadas a la protección de los edificios o de las personas bajo custodia.

Además, el texto advierte que cualquier incumplimiento de esta disposición será encuadrado como una falta grave dentro del régimen disciplinario vigente, lo que podría derivar en sanciones para los responsables de las dependencias judiciales involucradas.

El convenio fue suscripto en medio de una serie de episodios que pusieron en evidencia la vulnerabilidad del sistema judicial en materia de seguridad. Entre ellos, se destacó la irrupción de un grupo armado en el Juzgado de Garantías N°5 de San Martín, donde se registraron amenazas a un magistrado, así como disturbios durante un juicio por jurados en Florencio Varela que dejaron como saldo a un juez herido.

A partir de estos antecedentes, se estableció un esquema de trabajo conjunto en el que la Suprema Corte centralizará los requerimientos de seguridad, mientras que el Ministerio de Seguridad —dependiente del gobierno provincial— evaluará cada solicitud en función de criterios operativos.

El acuerdo también contempla la posibilidad de disponer custodia en audiencias que se desarrollen fuera de los edificios judiciales, en situaciones excepcionales que así lo requieran.

En ese marco, la medida busca ordenar el uso de los recursos disponibles en un sistema que enfrenta demandas por mayor presupuesto, mejoras en infraestructura y condiciones laborales, además de reclamos vinculados a la seguridad.

La disposición, al mismo tiempo, fija un criterio claro respecto del rol del personal policial en el ámbito judicial, limitándolo de manera estricta a tareas de custodia y prevención.