Presuntas coimas con el SIRA: la Justicia apunta a exfuncionarios

La investigación judicial sobre presuntas maniobras irregulares con el SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina) sumó nuevos elementos en las últimas horas. El fiscal Franco Picardi analiza audios, videos y registros de comunicaciones que, según fuentes judiciales, coinciden con fechas de emisión de permisos de importación otorgados entre 2020 y 2023.

En ese contexto, ya fueron identificados dos empresarios sospechados de haber pagado coimas para obtener autorizaciones de manera rápida, mientras continúan las pericias para determinar la participación de otros involucrados y avanzar sobre la imputación de un ex funcionario vinculado a la Secretaría de Comercio durante la gestión de Alberto Fernández.

Entre los nombres que aparecen en la causa figuran el financista Martín Migueles y Elías Piccirillo, ambos relacionados con agencias de cambio y operaciones financieras bajo investigación. Según el expediente, el circuito funcionaba aprovechando la amplia brecha entre el dólar oficial y el blue durante el período de restricciones cambiarias.

En el requerimiento de instrucción presentado ante el juez federal Ariel Lijo, Picardi incorporó videos y conversaciones donde se exhiben relojes de alta gama, vehículos de lujo y propiedades en countries privados. Entre los objetos mencionados aparecen marcas como Rolex, Patek Philippe y Audemars Piguet.

La Justicia sostiene que estos bienes podrían haber sido utilizados como mecanismos de resguardo de valor y posibles herramientas de lavado de activos. El dictamen también señala que las ganancias obtenidas mediante las maniobras con importaciones habrían terminado en cuevas financieras y casas de cambio.

Además de las agencias ARG Exchange y GIS Cambio, la causa alcanza a otras veinte casas de cambio y a tres bancos privados que permanecen bajo análisis judicial.

Coimas de hasta el 15 por ciento

Según los audios incorporados al expediente, algunos empresarios hablaban del pago de retornos de entre el 10 y el 15 por ciento para acelerar autorizaciones de importación. Los investigadores creen que esos pagos estaban dirigidos a funcionarios vinculados al Banco Central, la Secretaría de Comercio y la Aduana.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores es la rapidez con la que ciertas empresas conseguían aprobaciones de SIRA, mientras otros importadores podían esperar hasta 120 días para acceder al permiso correspondiente.

La conexión con Tigre

La investigación también detectó contactos con un funcionario de la Municipalidad de Tigre relacionados con la habilitación de una agencia de cambio en esa localidad. Según el dictamen fiscal, existieron gestiones administrativas para facilitar el funcionamiento de la firma vinculada a los investigados.