El fallo de la Corte cuestiona la legitimidad del Defensor interino

La legitimidad del secretario adjunto de la Defensoría del Pueblo bonaerense, Marcelo Honores, para asumir las funciones de ómbudsman de la Provincia quedó ayer fuertemente cuestionada por el fallo de la Corte Suprema de Justicia que habilitó el aumento de la tarifa de luz.

La resolución del máximo tribunal dejó sin efecto las medidas cautelares que frenaban el aumento de la tarifa de la energía eléctrica en la provincia de Buenos Aires, por lo que las boletas comenzarán a llegar con los valores que impulsó el Gobierno a principios de año.

Según el dictamen firmado por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, la demanda presentada por un grupo de diputados de la provincia de Buenos Aires, el secretario adjunto de la Defensoría del Pueblo bonaerense y el Partido Justicialista de la Provincia carece “de legitimación para actuar en representación del colectivo conformado por todos los usuarios del servicio de energía eléctrica del ámbito geográfico de la provincia de Buenos Aires”.

La resolución, que significó un aval a la política tarifaria del gobierno de Mauricio Macri, dedica un extenso pasaje al análisis sobre si el funcionario que invoca intervenir en nombre de la Defensoría del Pueblo, Marcelo Honores, “es, efectivamente, la autoridad provincial” en esta materia.

Como se recordará, Honores quedó, en febrero de 2015, a cargo interinamente del organismo, al vencer la prórroga concedida al ex defensor Carlos Bonicatto, cuyo mandato había vencido en diciembre de 2014. (Ver página 10)

En ese marco, se inició en la Legislatura el proceso para nombrar a un nuevo Defensor del Pueblo. Pero mientras tanto, un año y medio después el ex senador radical Marcelo Honores sigue como interino al frente en su carácter de secretario adjunto de la Defensoría.

Por el momento, la Bicameral que debe completar el proceso de designación no ha propuesto un candidato para reemplazar formalmente a Bonicatto.

En ese marco, a principios de año y tras el desembarco de María Eugenia Vidal en la gobernación bonaerense, se dispararon especulaciones sobre una posible negociación con sectores de la oposición para ocupar ese cargo.

Ayer, con su fallo, la Corte planteó un fuerte cuestionamiento a la legitimidad de Honores para actuar como Defensor del Pueblo de la Provincia, lo que, en los hechos, amenaza con disparar una serie de impugnaciones en causas en las que haya intervenido el secretario adjunto del organismo, que lo conduce en forma interina.

La resolución detalla los pasos del proceso de designación del Defensor previsto por la Constitución bonaerense y afirma que Honores “no ha sido puesto en funciones con arreglo al procedimiento previsto”.

“Este mandato (por el de Marcelo Honores) desde su significación semántica y teleológica, se limita a los meros actos conservatorios concernientes al funcionamiento de la institución y a la preservación de sus recursos, pero lejos está de resultar una habilitación para que asuma el conjunto de las funciones que comprendieran un virtual reemplazo del Defensor del Pueblo”, sostuvo la Corte Suprema en el fallo conocido ayer.