Operativo en la Procuración por un fiscal bajo sospecha

La justicia federal de San Isidro realizó ayer un procedimiento en la sede central de la Procuración General bonaerense, en busca de documentación vinculada a la causa que se le sigue al suspendido fiscal general de ese distrito, Julio Novo, acusado por presunto encubrimiento de narcotraficantes.

El procedimiento, según fuentes judiciales, estuvo a cargo de efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), quienes arribaron a la sede de la Procuración de avenida 13 entre las calles 47 y 48 poco después del mediodía.

En un primer momento se indicó que el trámite judicial consistió en un allanamiento en varias oficinas de la Procuración General, en busca de documentación que pueda vincular a la titular del ministerio Público, María del Carmen Falbo, con el acusado Novo.

Pero voceros de la Procuración negaron que haya sido un allanamiento, aseguraron que se trató de un “pedido de informe” de la jueza Federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, y que “nada” tiene que ver Falbo en la causa que se le sigue al ex fiscal general.

Otra fuente precisó que en el pedido de Arroyo Salgado se solicitó información sobre números telefónicos de la Procuración, para determinar si existieron contactos con el imputado.

INFORMACION

Según trascendió, en el requerimiento firmado por Arroyo Salgado se solicitó información vinculada a los números de teléfono celular de Novo, como de todos sus colaboradores para realizar un entrecruzamiento telefónico. A su vez, se llevaron legajos y documentación administrativa del fiscal de San Isidro.

Las acusaciones contra Novo, quien hasta noviembre del año pasado encabezó la fiscalía general de San Isidro, comenzaron en 2010, cuando un grupo de legisladores nacionales y provinciales de la Coalición Cívica lo denunciaron por “faltas graves” y la “comisión de delitos penales”, aunque la denuncia no prosperó.

Dos años después el ex diputado Marcelo Saín pidió un juicio político contra Novo al asegurar que el fiscal no dotó de recursos a una fiscalía de su jurisdicción que tenía a cargo la investigación de la causa del doble crimen de Unicenter, ocurrido en 2008.

El jury contra Novo, por “mal desempeño de sus funciones” en la instrucción de la muerte de dos colombianos ultimados a disparos dentro del Unicenter, fue abierto en septiembre del año pasado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerense. Por esa misma causa y otras relacionadas con el narcotráfico, la jueza Arroyo Salgado inició a principio de 2015 una causa contra Novo, a quien lo acusa de “encubrimiento agravado”.

Arroyo Salgado investiga la participación de Novo en casos resonantes como los crímenes de Unicenter, el triple homicidio de General Rodríguez y la detención del narcotraficante colombiano Henry López de Jesús Londoño, conocido como “Mi Sangre”.

Además, la magistrada -ex esposa del fiscal fallecido Alberto Nisman- analiza los vínculos que el fiscal y sus colaboradores mantendrían con Gustavo y Adolfo Juliá, los hermanos condenados en España por intentar introducir una tonelada de cocaína a ese país en un avión privado.

DENUNCIAS

Novo había sido denunciado además por fiscales que actuaban en su jurisdicción por haber frenado supuestamente la investigación de los crímenes de tres colombianos en el shopping Unicenter y de la muerte de otra persona oriunda de Colombia en San Fernando en febrero de 2009.

Según los investigadores de los dos casos, los crímenes fueron cometidos por “sicarios” pertenecientes a bandas narco que operan en el país y las causas habían sido frenadas por Novo.

Algunos de esos fiscales habían denunciado además a Novo por abuso psicológico y violencia laboral. Pero esa causa no avanzó y allí es donde aparece la presunta responsabilidad de Falbo de no dar curso rápidamente a esa acusación.

Con el jury abierto y la causa federal corriendo, la Suprema Corte le aplicó a Novo, en noviembre del año pasado, una licencia forzada por 120 días y lo dejó fuera de la fiscalía general de San Isidro.