Rechazan limitar recursos a la Defensoría del Pueblo

Sectores políticos y sindicales salieron a rechazar la decisión del gobierno bonaerense de cambiar la fórmula de cálculo del presupuesto de la Defensoría del Pueblo. No sólo cuestionaron que la modificación propuesta afectaría la “autonomía” del organismo, sino también que implicará un recorte de los recursos con los que contará la institución.

Como publicara este diario, el gobierno bonaerense introdujo un artículo en la ley de Presupuesto que se discute por estas horas en la Legislatura que deroga la forma en que se establecen los recursos para la Defensoría. Concretamente, deroga lo que establece la ley de creación de la institución que define que el presupuesto “no podrá ser inferior al 0,1% del total de las erogaciones corrientes y de capital” de la administración bonaerense. En reemplazo, deja a criterio del Ejecutivo la fijación de los fondos.

“La modificación propuesta atenta gravemente contra la autonomía funcional y autarquía financiera del Defensor del Pueblo, ya que quedaría en manos de la Legislatura y del Ejecutivo la determinación del presupuesto a asignarse anualmente de manera totalmente discrecional”, dijeron desde la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC).

“La eliminación de dicho tope, desvirtuaría totalmente el mandato constitucional del artículo 55, ya que la autonomía funcional y autarquía financieras son las características centrales de la figura del Defensor del Pueblo, y la eliminación de dicho tope lo transformaría en un organismo dependiente del poder político”, añadió el gremio.

Tras informar que envió notas para expresar su rechazo estos cambios a diputados y senadores, APOC advirtió que, en caso de prosperar la reforma, irá a la Justicia a plantear su inconstitucionalidad.

De hecho, en la definición del presupuesto de la Defensoría para 2017, el gobierno provincial dispuso fondos por cerca de 200 millones de pesos. Si se aplicara la forma de cálculo establecida en la ley vigente, esos recursos deberían representar unos 400 millones de pesos.

Sectores del radicalismo también salieron a cuestionar la decisión oficial. Y al mismo tiempo, defendieron la gestión del actual Defensor, Marcelo Honores, a quien respaldan para continuar en el cargo.

La administración de Honores “ha sido absolutamente austera” ya que “de lo autorizado, ejecutó menos del 60%”, dicen. Y añaden que el presupuesto para el año 2015 fue de 209 millones de pesos y “apenas se gastaron 124 millones, un 59% de la asignación presupuestaria que le corresponde”.

Respecto de 2016, recuerdan que los recursos de la Defensoría ascendieron a 298 millones de pesos, mientras que lo efectivamente gastado al 31 de octubre apenas superó los 142 millones, el 47,75% del total. “Y una proyección para fin de año que alcanzará una ejecución presupuestaria total del 57%”, detallan.

“Lo más crítico de la medida es la afectación de la autonomía financiera que la Defensoría tiene consagrada en la ley 13.834 que regula su funcionamiento. Los cambios previstos la dejan librada a la decisión del Ejecutivo, con lo que se le quita a la institución su necesaria independencia”, concluyen.