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El país |LA JUSTICIA Y LA INSEGURIDAD

Reincidencia delictiva: para la Corte Suprema es constitucional

Es una de la figuras que el oficialismo buscaría abolir en el nuevo Código Penal

28 de Mayo de 2014 | 00:00
EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, RICARDO LORENZETTI, FIRMÓ EL FALLO EN MEDIO DE LA POLÉMICA SOBRE LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL. ZAFFARONI NO, PORQUE ESTÁ EN EUROPA
EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, RICARDO LORENZETTI, FIRMÓ EL FALLO EN MEDIO DE LA POLÉMICA SOBRE LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL. ZAFFARONI NO, PORQUE ESTÁ EN EUROPA

La Corte Suprema de Justicia de la Nación avaló la constitucionalidad de la figura de la “reincidencia” criminal para los delincuentes que hayan sido condenados por más de un delito, en medio del debate de la reforma del Código Penal impulsada por la Casa Rosada.

El fallo, firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda, ratificó la validez del artículo del Código Penal que declara “reincidente a quien, habiendo antes cumplido una condena de prisión efectiva, comete luego un nuevo delito”.

La reincidencia -monitoreada por el Registro Nacional de Reincidencia Criminal, que depende del Ministerio de Justicia- no agrava la condena, pero limita al condenado la posibilidad de obtener la libertad condicional al cumplir las dos terceras partes de la pena impuesta.

SIN ZAFFARONI

El fallo -que no fue firmado por el especialista en Derecho Penal de la Corte, Raúl Zaffaroni (de viaje por Alemania), y uno de los principales ideólogos de la reforma del Código, está referido a un caso de delito de “portación ilegal de arma de fuego y de robo doblemente agravado por su comisión con arma de fuego y por la intervención de un menor de 18 años, en grado de tentativa”.

La causa había llegado hasta la Corte por apelación de la defensora oficial Eleonora Devoto a un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que había ratificado la declaración de reincidencia.

El máximo tribunal también desestimó que la reincidencia “castigue a una persona por lo que es y no por lo que haya hecho”, pues la “mayor severidad en el cumplimiento de la nueva sanción no se debe a la mera circunstancia de que el sujeto haya cometido antes un delito sino al mayor grado de culpabilidad de la conducta posterior”.

Desde el Gobierno nacional se promovió la conformación de una comisión de juristas para abordar la reforma del Código Penal, encabezada por Zaffaroni, y que, entre otras sugerencias, propugnó la abolición de la figura de la reincidencia.

CRUCES POLITICOS

El líder y diputado del Frente Renovador, Sergio Massa, encabeza una campaña de rechazo a ese tipo de modificación y, según anunció, ha recogido dos millones de firmas contra la reforma, de las cinco millones que en total planea recolectar.

Por su parte, el titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez, avaló el intento de cambios al Código e ironizó que “no es casualidad que los precandidatos presidenciales más taquilleros hayan hecho una carrera de concurso represivo para ver cómo se reprime al pobre y cómo se estigmatiza a la pobreza en la Argentina”, en alusión a los postulantes Daniel Scioli (FpV), Massa (FR) y Mauricio Macri (PRO).

Por su parte, la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, sostuvo que “una reforma del Código Penal difícilmente cambie las conductas desviadas” de la policía. Y estimó que sólo “podrá remediar otras deficiencias y reactivar un debate sobre estos patrones de pensamiento discriminatorios y autoritarios” que aún persisten en las fuerzas.

Para la jefa de los fiscales, una reforma en el Código Procesal Penal sí “podrá abrir una puerta para iniciar un cambio para limitar el sistema de autonomía policial”, ya que de esta forma “los fiscales son quienes tienen el control y la dirección de la investigación policial que es el modelo más adecuado en el sistema de derecho”.

Moneta
La Corte revocó el sobreseimiento del ex banquero menemista y actual empresario de medios de comunicación Raúl Moneta, en una causa en la que está acusado de integrar una “asociación ilícita” que produjo la quiebra del Banco de Mendoza en los años’90, con un millonario perjuicio

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