Apuran definición sobre Cristina en la causa del dólar a futuro

Casación rechazó un recurso de queja de la ex presidenta pero reclamó a la Cámara una pronta resolución

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso de queja por “retardo de justicia” que había presentado la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández, en la causa de dólar a futuro, pero instó a la Cámara Federal porteña a revisar rápidamente el procesamiento de la ex jefa de Estado.

La defensa de la ex mandataria había planteado el recurso en que reclamó que su clienta fuera sobreseída de “forma inmediata” y argumentó que se encontraba afectada “la garantía a ser juzgado en un plazo razonable”.

PLAZO “EXCEDIDO”

Remarcó que “la legislación procesal establece un plazo máximo de cinco días hábiles para resolver los recursos cuando se tratare de casos complejos”, plazo que “se encuentra excedido en más de siete veces, habiendo transcurrido hasta la fecha treinta y seis días hábiles”.

Sin embargo, el presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, afirmó que el tiempo transcurrido se debía “no solo a la naturaleza de los hechos investigados sino al volumen de documentación que corre por cuerda a relevar”.

Con esa decisión, el abogado Carlos Beraldi, defensor de Cristina, recurrió el fallo ante la Sala I de Casación, integrada por Ana María Figueroa, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos.

“De momento no se advierte inactividad por parte de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, por lo que corresponde no hacer lugar a la queja por retardo de justicia”, sostuvo el fallo.

No obstante, la resolución advirtió que “sin perjuicio de lo expuesto, se encomienda a los señores jueces integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, a que con la mayor premura definan la situación procesal de la totalidad de las personas abarcadas en el auto de mérito”.

El juez Bonadio procesó el 13 de mayo a Cristina por “defraudación a la administración pública” como consecuencia de las pérdidas generadas al Estado por la operatoria realizada por el Banco Central, entre septiembre y noviembre de 2015, respecto a los contratos de mercados a futuro del dólar.

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