Escándalo por abuso de curas a niños hipoacúsicos en Mendoza

El fiscal que investiga los abusos perpetrados contra niños hipoacúsicos en un instituto de Mendoza aseguró hoy que los testimonios de las víctimas mostraron que había un "patrón común" y que elegían a los alumnos más vulnerables, en tanto los cinco detenidos, entre ellos dos sacerdotes, se negaron a declarar.    

El fiscal Fabricio Sidoti dijo que dispuso hoy que sigan detenidos los sacerdotes Nicolás Corradi, de 82 años, y Horacio Gorbacho, de 55, y los tres empleados del Instituto Antonio Próvolo, José  Luis Ojeda, Jorge Bordón y Armando Gómez.  

"Todos se abstuvieron de declarar y seguirán detenidos", confirmó, y advirtió: "Estoy mirando los legajos de los chicos que iban al colegio desde el 98 para ubicarlos y tomarles testimonial. Esta escuela se creó en el 98 y si están los mismos sacerdotes, tengo que empezar a partir de ese mismo año".   

"No sabemos cuántos pueden llegar a ser. Por el momento hay unas veinte presuntas víctimas, pero pueden ser muchas más", expresó el fiscal en declaraciones al canal TN.    

Los dos sacerdotes y los tres empleados del instituto para  niños con problemas auditivos están imputados por los delitos de  "abuso sexual agravado por la guarda y la convivencia preexistente con  menores, en concurso real con corrupción de menores".    

El fiscal Sidoti precisó que el sacerdote Corradi, con  denuncias de abusos perpetrados hace treinta años en una casa de la misma  congregación en Italia, continuará alojado en "Contraventores".    

"Lo voy a dejar ahí, sé que el defensor oficial va a pedir la prisión domiciliaria y yo la voy a rechazar porque hay un informe  forense que dice que su estado de salud es bueno", sostuvo.    

En declaraciones a medios locales, el funcionario judicial  dijo que en los testimonios de las víctimas se detectó que había  "patrón común" para perpetrar los abusos en el Instituto Próvolo,  donde había alrededor de 90 alumnos, y consideró que se los elegía  por su grado de vulnerabilidad.    

El fiscal precisó que en las declaraciones de las víctimas y  sus familiares hubo "coincidencias" en cuanto a un "sistema  interno" para garantizar la impunidad de los perpetradores y el silencio  de las víctimas.    

En este sentido, Sidoti puntualizó que se prohibía a los  alumnos comunicarse mediante el lenguaje de señas, se restringía el  acceso de los padres a la institución y se fomentaba el alberque de  los niños cuyos familiares vivían alejados.    

Mientras avanza la investigación, el Instituto Próvolo  continuará intervenido y se dispuso que se suspenda el alojamiento de  niños.     

Emma Cunietti, subsecretaria de Planeamiento de la Dirección  General de Escuelas (DGE) de Mendoza, dijo que "el instituto está  cerrado, hay padres que quieren seguir enviando sus chicos a esta escuela y hay padres que quieren cambiarlos".    "Estamos planteando finalizar el ciclo lectivo y después tomar decisiones que van hacer más complejas", adelantó.    

En relación con el personal docente, la funcionaria manifestó: "Por ahora del personal docente no hemos tenido denuncias".   

En tanto, el Sindicato de Docentes Privados de Mendoza (Sadop) difundió hoy un comunicado pidiendo seguridad para los  maestros  que trabajan en el Instituto Próvolo.   

"La incertidumbre por la carencia de certezas y el grado de participación de cada miembro de la entidad, el miedo y la falta de confianza general pueden desembocar en el descreimiento de la  labor del docente", advirtió el gremio.    

Asimismo, pidió a las autoridades educativas que "se extremen  las medidas para garantizar la seguridad, protección e integridad  física y moral de los trabajadores docentes del instituto".