Argentina asumió en el Mercosur en plena tensión con Venezuela
| 15 de Diciembre de 2016 | 02:22

El gobierno argentino, a través de la canciller Susana Malcorra, asumió ayer la presidencia pro témpore del Mercosur durante un acto en el que la funcionaria afirmó que “la situación de Venezuela está congelada”, mientras que la canciller de ese país, Delcy Rodríguez, denunció una “confabulación” en contra de Caracas. “Como parte del proceso de decisión hemos asumido la presidencia pro témpore”, afirmó Malcorra durante una conferencia de prensa en el Palacio San Martín con la presencia de representantes de los países del Mercosur, excepto de Venezuela.
URUGUAY
En tanto, la jefa de la diplomacia de la Argentina precisó que “la posición de Uruguay” respecto a Venezuela es “la posición que fijó el Mercosur”, y aclaró: “No ha estado en total consenso pero ha acompañado”. Por su parte, Malcorra negó que existan “confabulaciones” contra Venezuela, tal cual lo denunció su colega de ese país Delcy Rodríguez, y señaló que desde el Mercosur se le brinda a Caracas “todo el derecho a defensa”.
Ante una consulta sobre las denuncias de la canciller venezolana, respondió: “Son discusiones ajenas al espíritu y la filosofía de nuestro trabajo. Lo que la canciller Delcy Rodríguez haya dicho corre por su cuenta. La reunión que tuvimos hoy es probatoria de que no hay una confabulación, le brindamos a Venezuela todo el derecho a defensa”. “No estamos negando que tenemos diferencias de opinión. Las decisiones tomadas son las que corresponden”, enfatizó Malcorra, quien consideró que “no se puede ser parte de una organización teniendo los privilegios pero no cumpliendo con las obligaciones”. Y precisó: “La situación de Venezuela está congelada. Con la cesación, Venezuela no tiene derecho ni a voz ni a voto hasta que asuma sus compromisos. No ha sido expulsada del Mercosur”. Venezuela, que se adhirió oficialmente al bloque en 2012, reitera que esta situación es ilegal ya que según el Gobierno de Nicolás Maduro el país se ha incorporado a un 95 % de la legislación que los Estados deben cumplir para su adhesión al organismo.
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