Rousseff recurrió a la Corte para intentar detener el juicio político

BRASILIA.- El Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) de Brasil analizaba anoche seis recursos que cuestionaron aspectos totales o parciales del proceso de juicio político a la presidenta Dilma Rousseff en la Cámara de Diputados. “Situaciones excepcionales exigen medidas excepcionales”, tal como lo establece “el reglamento”, afirmó el presidente del STF, Ricardo Lewandowski, al anunciar la reunión extraordinaria de 10 los 11 miembros del tribunal -uno de ellos está de viaje-, que comenzó a las 17.30 (misma hora en la Argentina) y seguía al cierre de esta edición.

Los ministros del tribunal debatían en conjunto los recursos interpuestos por el abogado general del gobierno, José Eduardo Cardozo; el Partido Comunista de Brasil (PCdoB) y los diputados Paulo Teixeira, Wadih Damus -ambos del gobernante Partido de los Trabajadores (PT)-, Weverton Rocha (Partido Democrático Laborista, PDT) y Rubens Pereira Júnior (PCdoB).

Varias horas después de comenzada la reunión, los jueces acordaron que el método de votación para la sesión de Diputados será por estado, de Norte a Sur, alternadamente. El encuentro de los ministros del STF tenía lugar horas después de que Cardozo interpusiera un recurso pidiendo la nulidad de lo actuado por la Comisión Especial de Juicio Político de Diputados por considerar que incurrió en “vicios que hieren de muerte” al proceso que puede llevar a la destitución de Rousseff.

La demanda fue presentada un día antes de que la Cámara de Diputados inicie una serie de tres sesiones que acabarán el domingo para definir la suerte del proceso a la mandataria. Cardozo explicó en rueda de prensa que en la acción ante el tribunal se formulan “varios pedidos”, entre los cuales citó como “principal” el que exige que se declare “nulo” el dictamen aprobado por la comisión especial de 65 diputados que determinó por mayoría que existen méritos para el proceso.

El dictamen fue elaborado por el diputado instructor Jovair Arantes, quien aceptó la acusación de que Rousseff incurrió en maniobras contables ilegales para maquillar los balances del gobierno en 2014 y 2015, modificar presupuestos mediante decretos y acumular deudas y contratar créditos con la banca pública.

Según Cardozo, la demanda presentada hoy no se refiere al “mérito de la acusación”, a pesar de que el gobierno lo niega, sino que se restringe a lo que calificó de “vicios procesales”. El abogado general declaró que el informe del instructor citó casos “completamente ajenos” a la denuncia, como las investigaciones sobre los escándalos de corrupción en la estatal Petrobras, “en los que la presidenta ni siquiera ha sido citada”.

En su opinión, “eso solo ya perjudicó el legítimo derecho a la defensa” de la mandataria, que en sus alegatos se limitó a responder a “aquello que era objeto de la acusación”.

Cardozo sostuvo que hubo una contaminación del proceso, porque “los diputados discutieron cosas que no se plantean en la denuncia”. El abogado general, que representa a Rousseff en el proceso, también solicitó al STF que “se rehaga toda la instrucción”. Dilma, quien se enfrenta a la mayor crisis económica en décadas y a un escándalo de corrupción de enormes proporciones, ha perdido apoyo dentro de su coalición de gobierno. Así, la probabilidad de una derrota en la votación en la Cámara baja ha aumentado, lo que permitiría que el Senado la juzgue por violar las leyes presupuestarias. Si el Senado acepta juzgarla, Rousseff sería suspendida y reemplazada por el vicepresidente Michel Temer en mayo, a la espera de los seis meses que puede durar el proceso.