Purga “por goteo” tras el escándalo por plata negra en la Jefatura Departamental

Mientras la Cámara Penal de La Plata se prepara para resolver las apelaciones a la denegatoria de eximición de prisión planteadas por las defensas de los ex policías procesados por la aparición de sobres con dinero en la Jefatura Departamental La Plata, el ministerio de Seguridad avanzó con las sanciones a estos cinco agentes.

Uno de ellos es quien hasta hace pocos días se desempeñaba como jefe de esa dependencia, Darío Camerini. Sancionaron además a su segundo, Rodolfo Carballo; al secretario, Walter Skramowskyj; el jefe de operaciones, Ariel Huck; y a la oficial administrativa, María de los Angeles Ramírez.

Todos ellos fueron pasados a disponibilidad, suerte que también corrieron Patricio Masana, preso por el asalto a la familia del intendente Julio Garro, y sus dos jefes en la comisaría Primera, donde prestaba servicios: Marcelo Cifuentes y Carlos Arias.

Recordemos que a estos dos no se los vincula directamente con el robo en el country Grand Bell (donde el ex subteniente Masana alquilaba una impresionante casona casi lindera a la del jefe comunal), pero quedaron en la mira por el supuesto manejo irregular de los fondos de Policía Adicional descubierto tras el arresto del suboficial que tenía acceso a ese dinero.

UN ESCANDALO TRAS OTRO

Todos estos episodios se fueron desencadenando a partir del 29 de febrero pasado, cuando alguien denunció de manera anónima que el primer día de cada mes las comisarías de La Plata entregaban cuatro sobres con dinero por dependencia, destinados a “los jefes”. En cada sobre, dijeron los informantes, figuraban el nombre de la seccional y el destinatario al que habría sido dirigido, referenciado con números romanos o arábigos.

Explicaron fuentes judiciales que Asuntos Internos no pudo preparar el procedimiento para el 1 de marzo, porque a la denuncia la recepcionaron 24 horas antes, por lo que se postergó un mes, es decir, hasta el 1 de abril.

En ese lapso ocurrió el asalto a la familia Garro (el 2 de marzo), la captura de Masana y el escándalo por el flujo de los fondos de las Polad (ver aparte), que arrancó de sus puestos a Cifuentes y Arias.

Cuando las aguas comenzaban a aquietarse, Asuntos Internos desembarcó en la Departamental de 12 entre 60 y 61, secuestrando en uno de los despachos 36 sobres con 153.700 pesos. ¿De dónde provenía ese dinero?

Eso es lo que procuran aclarar los investigadores, pero considerando los delitos con los que caratuló la causa el fiscal Marcelo Martini, y avaló la jueza Marcela Garmendia, se trataría de “dádivas” por recaudación ilegal.

En la orden de detención de los policías, Martini y Garmendia les endilgaron a Camerini, Carballo, Skramowskyj y Huck los cargos más graves: “Asociación ilícita, percepción de dádivas y concusión”. A la oficial Ramírez le imputaron “encubrimiento agravado”.

Como se anticipó en la edición de ayer, en esa misma resolución Garmendia también rechazó las eximiciones de prisión presentadas en favor de los acusados días atrás, que quedará en suspenso hasta que la Cámara Penal resuelva las apelaciones que harán los defensores.

Este planteo incluirá un hábeas corpus para atacar los fundamentos que utilizó Garmendia para determinar que los policías deben estar en prisión, al menos, hasta el desarrollo de un juicio oral y público, que ventile el caso.

Como se sabe, distintas versiones apuntan a que las defensas harían un planteo de nulidad por la ausencia de una orden judicial que le haya dado legitimidad al accionar de la Dirección de Asuntos Internos.

Es que en el registro del 1 de abril los auditores de ese órgano de control del Ministerio de Seguridad bonaerense revisaron armarios y cajones, donde -dijeron- encontraron los 36 sobres con plata que se habría obtenido a partir de una recaudación ilegal de distintas dependencias policiales.

¿Podían o no podían actuar de esa manera? ¿Asuntos Internos se extralimitó en sus incumbencias u obró conforme a derecho? Eso es lo que seguramente se debatirá ahora en el expediente. En el supuesto de que se determine que el operativo fue nulo, todo lo actuado posteriormente también lo será y las imputaciones perderán validez.

No es la primera vez que Darío Camerini recibió una sanción en su carrera, aunque eso no le impidió avanzar en el escalafón. De hecho, días antes de que se descubrieran los sobres había sido ratificado en su cargo.

Según figura en el boletín oficial Nº 93 del ministerio de Seguridad bonaerense, publicado en diciembre de 2008, a Camerini lo exoneraron el 22 de junio de 2006 en el marco de una causa por “malversación culposa de caudales públicos y exacciones ilegales”, que tramitó ante el Tribunal Oral Criminal Nº 4 del departamento Judicial Quilmes.

Esa causa tuvo veredicto absolutorio, por lo que Camerini apeló la exoneración y en diciembre de 2008 la cartera entonces encabezada por Carlos Stornelli revocó aquella resolución y lo declaró exento de sanción disciplinaria.

Con los años llegó a ser jefe de la comisaría Primera, del distrito Centro y, finalmente, la Departamental.

En su lugar fue designado ahora Diego Bravo y como segundo jefe asumió Ricardo Ruiz, proveniente de Quilmes.