Más allanamientos sobre bienes de Báez: también en El Calafate

La Justicia y las fuerzas de seguridad continuaron hoy en Santa Cruz con la búsqueda  y valuación de bienes del empresario Lázaro Báez, preso por  lavado de dinero, mientras el juez federal Sebastián Casanello, en  cuyas manos está el expediente, advirtió que son necesarias "pruebas"  concretas para que la causa avance.    

El fiscal Guillermo Marijuán, en quien el juez delegó las  pesquisas, se trasladó hoy a la ciudad de El Calafate -a quien la ex  presidenta Cristina Fernández siempre consideró su "lugar en el  mundo"- junto con sus colaboradores y efectivos de las policías de  Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Federal, de la Prefectura y de la  Gendarmería para concretar operativos por la llamada "ruta del  dinero K".    

Hasta la noche de este jueves se habían realizado en El  Calafate alrededor de la mitad de los operativos previstos, después de  que los investigadores efectuaron en Río Gallegos otras  inspecciones, por ejemplo en la estancia Cruz Aike, que se atribuye a Báez.    

Los dos primeros operativos en terreno calafateño fueron "en  una casa de la costanera local, que de acuerdo a catastro figura a  nombre de Báez pero que en esta ciudad siempre se le asignó a  Máximo Kirchner", según indicó la agencia OPI Santa Cruz.    

Se explicó que otra comisión judicial/policial fue a una  inmobiliaria de Libertador al 2200, de la cual es dueña una persona a  la que se vincula con Báez como administrador de sus propiedades en  esa localidad. Por ello se buscaban datos de esa vinculación  comercial y posibles conexiones con el ex presidente Néstor Kirchner.  Asimismo, hubo una diligencia en un local de venta de neumáticos  ubicado en el acceso a la ciudad.    

La información añadió que también se allanó una propiedad  contigua al "Hotel Bahía", otro edificio que se adjudica a Báez, y que  los funcionarios judiciales y los efectivos de seguridad se  trasladaron además al Barrio Salesiano, donde se midieron terrenos  ubicados en ese lugar, ya que las pesquisas incluyen la tasación de  las propiedades que se atribuyen al empresario.    

Mientras, en las estancias Cruz Aike y La Julia siguieron con  las tareas de sondeo y excavación para establecer si hay  recipientes con dinero.  Los procedimientos incluyeron una visita de peritos y  efectivos de la Policía Metropolitana a un departamento que Martín Báez  -el también procesado hijo de Lázaro-, con el fin de proceder a su  tasación, como lo dispuso Casanello.    

Y también hubo novedades en Uruguay, donde fue allanado el  campo El Entrevero, que Báez tiene entre las ciudades de Punta del  Este y San Ignacio. Ese establecimiento, de 152 hectáreas, fue  embargado por la Justicia del vecino país, donde también hay una  investigación de lavado de dinero.    

En tanto, el juez Casanello advirtió que para que avance la  causa es necesario que aparezcan "pruebas", más allá de lo que  declaren los "arrepentidos" y de la "demanda gigante de velocidad y  resultados inmediatos" de parte de la sociedad.    

"Si por ejemplo en una causa de narcotráfico dos personas se  presentan como arrepentidos que trasladaron bolsos con  estupefacientes, si no aparecen esos estupefacientes no se puede avanzar  mucho", alertó el magistrado en Rosario.    Casanello reconoció que "uno entiende que hay una demanda  gigante de velocidad y resultados inmediatos y no hay persona más  interesada que nosotros (los investigadores), pero en los procesos  judiciales hay que respetar reglas y encontrar pruebas. Si no hay  pruebas no se puede avanzar".    

Por su lado, el fiscal Marijuán confirmó, por la mañana, que  en los allanamientos se habían hallado más de 150 inmuebles  registrados a nombre de Lázaro Báez y sus allegados.    

Y lanzó una definición sobre el origen del dinero con el que  se compraron esos bienes: "el sobreprecio de la obra pública".    

Sobre el origen de la riqueza del empresario, dijo que tiene  que ver con "los delitos precedentes", y que "uno de los más  fuertes puede ser el sobreprecio de la obra pública".    

"La empresa cabeza de este grupo es una constructora, Austral  Construcciones. Es posible que luego de poner en las facturas  cifras falsas para cubrir esos sobreprecios, se hayan encontrado con  millones de pesos en su poder que utilizaron para realizar  maniobras de lavado, como llevar dinero al exterior, comprar inmuebles en  cantidad, o construir cascos de estancias, muy costosos y  llamativos", detalló.