El Estado está obligado a garantizar el normal acceso a medicamentos

La tregua decidida por las farmacias en el conflicto que mantienen con el PAMI -traducida en el levantamiento temporal de la suspensión de la obra social, que pone en riesgo la disponibilidad de remedios para más de 4 millones de afiliados a esa entidad- deja sin embargo pendiente la posibilidad de que en las próximas jornadas pudiera llegar a profundizarse el problema de la falta de reposición de medicamentos en las farmacias y se llegue así a un estado de desabastecimiento, que colocaría a la sociedad ante perspectivas ciertamente dramáticas. Esa grave eventualidad reclama, en forma perentoria, una solución que evite las consecuencias que tal situación podría aparejar.

Como se sabe, a inicios de esta semana, por una millonaria deuda del PAMI, las farmacias de todo el país anunciaron que suspenderían por tiempo indeterminado la atención a través de esa obra social. La medida fue comunicada por la Confederación Farmacéutica Argentina, desde donde se explicó que las prestadoras del convenio PAMI se verán obligadas a suspender el crédito a los afiliados del instituto en virtud de la ruptura de la cadena de pagos, producto del atraso en los cobros de las prestaciones que se remontan en algunos casos al mes de febrero.

En ese contexto, se sumó el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires que convalidó la decisión y advirtió que ella obedece a lo calificó un grave atraso en los pagos, generador de una deuda que en las farmacias bonaerenses supera los mil millones de pesos, deuda que, según añadió, lejos de reducirse se acrecienta cada día.

Lo cierto es que ahora las expectativas de los farmacéuticos y, claro está, de la obra social están puestas en la reunión que este martes mantendrán el titular del PAMI con dirigentes del sector farmacéutico. Desde el colegio federal se enfatizó que el levantamiento de la medida fue una muestra de buena voluntad, condigna a la decisión del PAMI de haber concretado anteayer un desembolso sorpresivo de 500 millones de pesos. No obstante, los farmacéuticos remarcaron que la decisión está supeditada a que surjan alternativas y compromisos que les aseguren poder seguir realizando la prestación a los jubilados.

Cabría recordar que no es la primera vez que, en los últimos años, se han visto puestas en riesgo distintas prestaciones destinadas a la atención médica o a la provisión de medicamentos, pero circunscripto el problema a sectores o franjas determinadas, como ha sido el caso de los jubilados nacionales, a partir de conflictos gremiales suscitados entre empresas prestadoras de servicios del PAMI. En esta oportunidad, sin embargo, es toda la comunidad la que se encuentra afectada.

Cuando en otros ámbitos se han registrado conflictos que afectan, de una u otra manera, a toda la comunidad, como ha ocurrido con frecuencia en el ámbito educativo, se ha encarecido desde esta columna sobre la necesidad de que se agoten todas las instancias de negociación.

Como prioridad excluyente del tema , por encima de otras consideraciones, no debe relativizarse el absoluto derecho a la salud que asiste a la población. Resulta inimaginable que ningún habitante pueda verse privado de medicamentos. La salud es un bien inalienable, cuya atención integral debe encontrarse garantizada sin excusas. En este delicado caso, lo que está en juego es el derecho de toda la población a tener acceso a los medicamentos que necesite. Este derecho natural y expresado en la ley obliga a los organismos competentes del Estado a sumarse activamente a la cuestión y extremar esfuerzos en la búsqueda de soluciones inmediatas.