Procesamientos por aportes a la campaña presidencial K de 2007

La campaña preelectoral para la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner tuvo el aporte de dinero sucio de la “mafia de los medicamentos”, según determinó la Justicia que, por esa maniobra, procesó por “lavado de activos” a ex funcionarios y a empresarios farmacéuticos, entre ellos a la viuda de una víctima del triple crimen de General Rodríguez.

A casi 10 años de aquellos episodios, la medida fue dispuesta por el juez federal Ariel Lijo en una resolución de alrededor de 150 fojas, en la cual también incluyó embargos por tres millones de pesos para cada uno de los imputados, se informó en Tribunales.

SIN PRISION PREVENTIVA

El juez procesó, sin prisión preventiva, al ex gremialista Héctor Capaccioli, ex jefe de la Superintendencia de los Servicios de Salud (SSS), ex secretario porteño de Descentralización y Participación Ciudadana de los gobiernos de Aníbal Ibarra y Jorge Telerman y principal responsable de la recaudación de la campaña del Frente para la Victoria en 2007, al ex legislador y ex gerente de la ANSeS, Sebastián Gramajo; a los empresarios Néstor Lorenzo, Carlos Torres y Gabriel Brito y a Solange Bellone, viuda de Sebastián Forza, uno de los que aparecieron asesinados en General Rodríguez, en el año 2008.

Lijo los acusó en su escrito haber utilizado las empresas farmacéuticas “Multipharma”, “Global Pharmacy” y “Sanford Salud” (ex Seacamp), que no estaban en condiciones económicas de hacer aportes para campañas electorales, para blanquear fondos de origen ilegal aún no establecido. Según el juez, mediante ese mecanismo obtuvieron apariencia de legalidad y se pusieron en circulación fondos de origen espurio por 886 mil pesos. Lorenzo y Capaccioli, ambos imputados en la “mafia de los medicamentos”, fueron -según Lijo- “los encargados de poner en circulación este dinero y aprovecharon la campaña política para llevarlo a cabo”.

Las empresas farmacéuticas -según la causa originada a partir de una denuncia de 2008 efectuada por los dirigentes de la Coalición Cívica, Fernando Sánchez y Sebastián Cinquerrui- actuaron como pantalla: aparecieron como aportantes a la campaña cuando económicamente no podían hacerlo.

El juez escribió en su resolución que la investigación se centralizó en “la maniobra mediante la cual se aportaron a la campaña presidencial del año 2007 para la fórmula ‘Fernández de Kirchner-Cobos’ del Partido Político ‘Frente para la Victoria’, la suma de ochocientos ochenta y seis mil pesos a través de las contribuciones realizadas por las empresas ‘Multipharma’, ‘Sanford Salud SA’ (ex Seacamp) y ‘Global Pharmacy SA’, por las cuales se puso en circulación en el mercado dinero no declarado de origen ilícito, a los fines de disimular la fuente real de los fondos y obtener la apariencia de licitud de ésta”. Lijo sostuvo que las empresas “no contaban con capacidad económica suficiente para hacer frente a dichos pagos, las sumas aportadas no guardaban similitud con los parámetros de dinero que éstas manejaban y además no poseían registros contables de los correspondientes aportes realizados”.