Un servicio costoso y con valores cambiantes

Así como tal vez sorprenda que la mitad del país no cuente con gas de red, también llama la atención que los números sobre la situación de los hogares sin el servicio en la Región -el 46% en las zonas más vulnerables, ver nota central- formen parte de una suerte de agujero negro del que ni el municipio platense tiene demasiadas precisiones. Son en su mayoría hogares pobres en los que, para obtener el servicio si la red no está frente al domicilio -es decir si al barrio en el que se reside no llega el servicio-, hay que completar y entregar en Camuzzi una solicitud de “elaboración del anteproyecto de extensión de red” y una planilla de “adherentes al proyecto”. La empresa analizará la factibilidad de la obra y dará a elegir a los futuros usuarios, de entre una lista, una empresa contratista que presupuestará y ejecutará los trabajos. Luego, para conectar el gas a la red (previa instalación domiciliaria que tiene que estar a cargo de un gasista matriculado y haber obtenido la obra la aprobación) se le paga a la prestataria una tasa que ronda los 200 pesos y la empresa habilita el servicio. Lo cierto es que en la Región para una de cada cinco familias las garrafas de gas se convierten en un elemento vital para la vida cotidiana, ya sea porque la red de gas natural no llega a sus barrios o porque se les hace cuesta arriba costearse la instalación del servicio en sus hogares. En promedio, una garrafa de diez kilos le dura 15 días a una familia tipo que la utiliza sólo para cocinar. A pesar de las regulaciones, los costos de ese producto varían según la zona y el vendedor. Tanto es así que las garrafas en ferreterías, estaciones de servicio y otros lugares de venta, se cobran hasta $180 (siempre por 10 kilos). Vale recordar que el año pasado -en el marco del “Plan Hogar”- el gobierno había fijado en $97 el precio tope para la garrafa. Por otra parte, para aquellas familias que deben iniciarse como clientes en el mercado de la venta de garrafas hay que sumar una complicación adicional: es que los puntos de expendio, ya sean distribuidoras oficiales, ferreterías, estaciones de servicio o mercados que comercializan gas envasado, no tienen permitido vender los envases y, por lo tanto, quienes van desprovistos del mismo no pueden comprar. Esa situación generó la conformación de una especie de “mercado negro” donde aquellos que tienen envases vacíos los venden entre $700 y $800, un precio demasiado alto para las familias de bajos recursos.