Pymes y entidades siguen la pelea en la Justicia

La Multisectorial Contra el Tarifazo anunció que presentará recursos de amparo por sector la semana próxima para pedir que la nulidad dictaminada por la Corte Suprema en su fallo por las nuevas facturas de gas contemple a sus organizaciones.

La Multisectorial abarca a pequeñas y medianas empresas, cooperativas, centros culturales, clubes de barrio y centros de jubilados que se oponen a la quita parcial de subsidios y organizaron cacerolazos el 14 de julio y el 4 de agosto, además de presentar amparos para toda la Ciudad de Buenos Aires.

“Rescatamos como positivo el fallo de la Corte que anula el tarifazo para las facturas residenciales, que fue producto de las acciones de lucha, y vamos ahora por los sectores que no fueron contemplados en la nulidad”, sostuvo el presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionadas (Facta), Federico Tonarelli.

Por su parte, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), manifestó en su presentación que observa “con preocupación” que el conflicto es un “problema político porque en el contexto de recesión, liberación de importaciones y caída real del salario se hace difícil afrontar las tarifas”.

COMERCIANTES PIDEN REVISION

Mientras, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) reclamó ayer una “revisión” de los incrementos de las tarifas de gas correspondientes a las empresas, incrementos que quedaron fuera del fallo de la Corte Suprema que protege a los usuarios residenciales.

La CAC consideró que “la revisión de los aumentos de las tarifas de servicios públicos debe alcanzar no sólo a los usuarios residenciales sino también al sector productivo”.

“Nuestra entidad entiende que el fallo de la Corte Suprema de Justicia -que obliga al Gobierno nacional a efectuar audiencias públicas antes de proceder al aumento de las tarifas residenciales- es correcto y constituye una prueba de la independencia de poderes”, indicó en un comunicado. Además considera que es una “muestra de salud” de las instituciones en “inmediato acatamiento por parte del Poder Ejecutivo Nacional”.

“Pero consideramos también que lo dispuesto judicialmente debe ser complementado con medidas dirigidas a paliar la situación de los usuarios no residenciales, no alcanzados por el fallo del máximo tribunal”, indicó la CAC.

Finalmente desde la Unión Industrial aseguraron que la semana próxima analizarán los pasos a seguir tras el fallo de la Corte.