“Medidas todavía insuficientes”

Manuela González (*)

La sanción de normativa nacional y provincial cada vez más específica y ajustada a los estándares internacionales, así como la creación de nuevas instituciones del Estado para gestionar esta problemática como Comisarías de la Mujer, Oficinas de Atención a la Víctima, Observatorios de Violencia, Defensorías y Juzgados dan un marco, en el plano de las políticas públicas para la visibilización de la temática pero no es suficiente como lo demuestran la crueldad de los femicidios que se siguen sucediendo. Podemos señalar diferentes aspectos que abonan esta situación centrada entre otros elementos en la falta de articulación entre las diferentes instancias intervinientes, recursos insuficientes, información dispersa y fragmentada que impide un diagnóstico integral y una insistente responsabilización a la víctima quien debe activar permanentemente las distintas instancias.

Mitos y prejuicios de las personas y del propio Estado operan como nudos críticos que describen el recorrido de las mujeres en situación de violencia.

El patriarcado, como concepción ideológica que atraviesa /sustenta esta sociedad y que mantiene un sistema de relaciones de poder, posibilita las distintas violencias que se ejercen contra las mujeres. Por eso es necesario realizar un proceso de cambio cultural que permita revertir ese desequilibrio relacional y eso no podemos hacerlo desde el Código Penal. Es necesario realizar un cambio cultural donde se redefinan roles de hombres y mujeres para lograr una sociedad más justa y equitativa. Toda violencia es producto de la discriminación y por lo tanto reconocer lo diferente no como disvalor, sin jerarquías será la tarea que posibilite transitar ese camino.

En este marco hemos recibido la noticia de la presentación del Plan Nacional contra la Violencia a instrumentarse a partir de 2017, el cual propone la construcción de una red de 36 hogares de protección a mujeres, un presupuesto de 750 millones de pesos, la aplicación de tobilleras electrónicas a agresores, patrocinio jurídico gratuito, y educación. Un plan que había sido pedido mucho tiempo atrás desde la sociedad civil”.

(*) Directora de la Especialización para el Abordaje de las Violencias Interpersonales y de Género (UNLP)