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Por JOSE PICON (*)
La gobernadora Vidal, ayer, durante una visita a Tecnópolis junto al jefe de Gabinete nacional Marcos Peña y el ministro Hernán Lombardi
Mail: jpicon@eldia.com
El gobierno bonaerense cumplió con la formalidad del caso: dejó planteado ante la Corte Suprema su reclamo por la discriminación que sufre desde hace años en el reparto de los recursos federales.
La presentación judicial forma parte de un andamiaje cuidadosamente pautado por Cambiemos. Es la parte final de una estrategia que apunta a que la Provincia recupere algo de lo que se le niega en la coparticipación y que la convierte en una jurisdicción que recibe mucho menos que otras.
La administración de María Eugenia Vidal demandó ante la Corte al Estado nacional y al resto de las provincias por la distribución del Fondo del Conurbano. Sostiene, no sin razón, que le giran anualmente 650 millones de pesos cuando le deberían corresponder cerca de 48 mil millones si no se le aplicara un arbitrario tope que rige desde hace varios años y que sólo afecta a Buenos Aires.
Allí aparece el número mágico. Si bien la demanda global roza los 300 mil millones de pesos (se incluye un retroactivo por los últimos cinco años de unos 250 mil millones), la gestión de Vidal va, en rigor, por los 48 mil millones, un reclamo que de distintas maneras hicieron otros gobernadores como Felipe Solá.
El gobierno central no está ajeno a esos movimientos. La estrategia bonaerense chocó rápidamente en el Congreso ante la posición refractaria de legisladores de la oposición, que salieron a rechazar la posibilidad de que sus provincias deban ceder recursos para corregir la distorsión que sufre Buenos Aires.
Esa reacción fue más que previsible: no hay gobernador que no le haya reconocido a Vidal la justicia del reclamo. Pero ninguno de ellos quiere cargar con el costo político de ceder fondos con destino a la principal provincia del país que tiene la mayor cantidad de pobres.
Allí aparece Mauricio Macri. Los funcionarios bonaerenses que formaron parte de la ingeniería del proceso que culminó con la presentación judicial ya hablan de una posible “solución política” al asunto. “Si hay acuerdo, se retira la demanda”, reconocen, frente a la certeza de que el remedio judicial intentado por Vidal acaso no tenga resolución rápida.
La Provincia aspira a que el gobierno central sea el que repare la injusticia que pesa sobre los bonaerenses y aporte esos 48 mil millones que, estima, le corresponderían en forma anual si no existiera ese tope que la condena a recibir 650 millones. Con el agravante de que ese mismo monto es el que se le gira desde hace años y que, en términos reales, se sigue erosionando sin remedio por efectos de la inflación.
El resto de las provincias, en cambio, se reparte el 10% de lo que se recauda anualmente por el impuesto a las Ganancias. Para Buenos Aires, la desventaja es más que palpable, al punto que este año recibirá por el Fondo del Conurbano menos dinero que Tierra del Fuego.
Cuentan que Vidal y Macri han hablado, y mucho, de esa cuestión. Para la Nación es crucial la elección de medio término del año próximo y en ese esquema, lo que ocurra en territorio bonaerense surge crucial.
Vidal ya se aseguró contar con 3.000 millones este año y otros 7 mil millones (que podría estirar a 10 mil si toma un préstamo con la Anses) en 2017, a partir del acuerdo entre la Nación y las provincias por la devolución de fondos que quedaban para el gobierno central por la restitución gradual del 15% que las provincias ceden al financiamiento de la Seguridad Social desde 1992.
Contar con 48 mil millones extra para el año próximo, le permitiría a Vidal desarrollar un ambicioso plan de ejecución de obras públicas como vidriera de gestión en coincidencia con el pronunciamiento ciudadano sobre los gobiernos de Cambiemos. Ese monto significa el doble de los recursos del programa que acaba de lanzar para este año la Gobernadora, pero lo cierto es que la Provincia sufre un problema estructural ya que la discriminación condena al Estado bonaerense al déficit crónico aún cuando no gaste lo que debería en Salud y Educación.
En medio de los zigzagueos políticos que se vienen acentuando en las últimas semanas, el PRO ejecutó, algunos movimientos tendientes a neutralizar acercamientos ajenos.
En esa sintonía hay que leer el encuentro entre Vidal y Margarita Stolbizer. La diputada se muestra desde hace meses en coincidencia con Sergio Massa, por ahora en términos legislativos, pero la foto incomoda a Cambiemos.
Los coqueteos con Margarita del macrismo se acentuaron a medida que se producía esa sintonía y que la legisladora empezara a elevarse en la consideración pública a partir de sus denuncias contra el ex gobierno kirchnerista.
En Cambiemos sueñan tanto en tenerla como candidata como en evitar que se asocie con el Frente Renovador. Margarita elude definiciones, pero sus laderos ven poco probable una confluencia con el macrismo. “El problema no es con Vidal”, aclaran, pero no se ven en una boleta amarilla.
Hay quienes recuerdan que Stolbizer dinamitó hace poco más de un año un entendimiento con el PRO para ir a una interna con Vidal por la candidatura a gobernadora. Prefirió encabezar un armado de centroizquierda que redujo sensiblemente sus representaciones parlamentarias tanto en la Nación como en la Provincia. No parece dispuesta a repetir esa experiencia el año que viene.
Por las dudas avisó que no será candidata a diputada nacional por una cuestión estatutaria de su partido que le impide ejercer más de dos períodos consecutivos. Su nombre, si es que finalmente juega, estará estampado en la nómina de senadores nacionales.
¿Y Elisa Carrió? Por estas horas comenzó a especularse, y fuerte, sobre la posibilidad de que no sea candidata por la Provincia y que vaya por la reelección por capital federal. Hasta hace algunas semanas el “pase” a territorio bonaerense de Carrió se daba como un hecho, pero en las últimas horas esa posibilidad se ha puesto en duda, aunque las encuestas dirán la última palabra.
Ese eventual cambio podría allanar el camino para que Stolbizer sea candidata de Cambiemos en la Provincia, habida cuenta de la pésima relación que mantienen las legisladoras. Por ahora, pura futurología.
En el peronismo, en tanto, los sectores ultra K sueñan con estampar en la boleta el nombre de Cristina Fernández. La ex presidenta retomó la actividad pública y mantiene contactos con dirigentes bonaerenses.
Acaso esa presencia frenó algunas acercamientos entre intendentes que reportan a Cristina y los integrantes del Grupo Esmeralda.
El sector liderado entre otros por Martín Insaurralde y Gabriel Katopodis no descarta sumar a algunos alcaldes K, pero no al núcleo duro kirchnerista del que tomaron distancia. Por ahora, buscan engrosar sus filas para el lanzamiento formal del sector que será el mes próximo. Hacia fines de marzo decidirán, dicen, si habrá apuesta propia o articularán una propuesta electoral con Massa.
(*) Periodista de la sección Política
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