La clase media no puede pagar siempre los platos rotos

La clase media argentina es la que paga los servicios públicos, es la que cumple con estas obligaciones así como las tributarias y, en definitiva, es la que cada vez más debe hacerse cargo de pagar los platos rotos de los desajustes que perjudican a toda la población, pero que terminan golpeando cada vez con mayor intensidad en los bolsillos de esa franja de la sociedad.

Existen estadísticas demostrativas de que nuestro país cobra los servicios más caros e impone las cargas tributarias más altas de América latina y del Caribe. Según surgió de dos informes elaborados en junio pasado por el propio ministerio de Hacienda que los entregó al Congreso, en nuestro país se pagan los impuestos más altos del mundo que especialmente golpean en mayor grado a la clase media. Se ha señalado allí que la carga fiscal del país se ubica en el 32 por ciento del PBI, superándose en un 40 por ciento el nivel promedio de los otros países de América, con excepción de México, Estados Unidos y Canadá.

En la Argentina se pagan tantos impuestos como en los países más desarrollados de Europa, pero sin contar, ni remotamente, con los servicios que allá se ofrecen. No obstante, como la evasión tributaria en la Argentina es mucho más alta que en los países desarrollados, el resultado de ello es que los impuestos son cada día más costosos y, en la práctica, quienes afrontan esa mayor carga son los pocos que pagan. Y, por motivos que sería muy extenso analizar aquí, esos pocos cumplidores forman parte, en su mayoría, de la cada vez más sufrida clase media argentina.

También existen estudios demostrativos de que en nuestro país la clase media se ve obligada a contratar servicios privados de educación, salud o seguridad, debido a la pésima calidad de los públicos. Ello explica que un argentino de clase media, que trabaja en blanco, debe destinar casi cinco meses de su salario anual al pago de impuestos nacionales, municipales y provinciales, además de gastar en servicios que debería prestar el Estado.

Está claro, entonces, que el pago de distintos servicios públicos como de la carga tributaria ocupan hoy un lugar que antes no ocupaban en la economía de los habitantes, pero no de todos, como se viene diciendo, sino de quienes cumplen efectivamente con sus obligaciones y que lo hacen, a veces muy esforzadamente, contando con salarios fijos. Bien se conoce que muchos de ellos, en oportunidades, postergan el pago de impuestos para poder pagar el costo cada vez más alto de los servicios de gas, luz, agua o barrido y limpieza, entre otros.

Resulta evidente que la Administración debe advertir que tal inequidad requiere un freno, en especial porque no resulta lógico que sólo una franja de la población –justamente aquella cuyos ingresos no mejoran en similar grado de relación a los aumentos que experimentan los costos tributarios y los de las tarifas de servicios- se deba hacer cargo, en forma mayoritaria, de mantener el funcionamiento de un Estado que por sus gastos e ineficiencia parece imposible de sostener sin endudamiento o inflación.

Existe en curso en el país una reforma tributaria integral. Se aseguró que sus objetivos principales son los de promover la inversión, el llamado empleo de calidad y la competitividad, así como avanzar hacia un sistema tributario más eficaz y moderno. Sin embargo, entre las claves que no pueden faltar debiera figurar la de volver más equitativa la carga de obligaciones económicas de los habitantes, no recargando en la clase media -como viene ocurriendo en forma desmedida y cada vez más manifiesta- el casi excluyente peso de esa responsabilidad.