Cristóbal López y su socio quedaron detenidos por una millonaria evasión fiscal

El empresario cercano a los Kirchner se entregó después de varias horas prófugo. Su abogado hizo un pedido de excarcelación

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Los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, fueron procesados y detenidos ayer en una causa que investiga una millonaria evasión en el pago al fisco de un impuesto a la transferencia de los combustibles, entre el 2013 y el 2015. También fue procesado el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.

Cristóbal López se entregó cerca de la medianoche en el Edificio Centinela, en el barrio porteño de Retiro, tras varias horas prófugo ya que la policía no lo encontró ni en su domicilio de Puerto Madero, ni en el Sur.

El juez a cargo de la pesquisa, Julián Ercolini, entendió que ambos, López y De Sousa, violaron “deliberadamente las medidas cautelares impuestas” en el expediente, a diferencia de Echegaray, quien podrá permanecer en libertad (ver aparte).

Se presume que en las próximas horas De Sousa será trasladado al Penal de Ezeiza, en tanto que el abogado de López pidió su excarcelación aunque se la negaron.

La causa investiga la evasión de 8.000 millones de pesos en el pago al fisco de un impuesto a la transferencia de los combustibles -a través de la empresa Oil Combustibles SA- que, según la acusación, se usó para capitalizar a otras empresas del grupo empresario que lideraba el empresario cercano a los Kirchner.

Según el procesamiento, López y De Sousa se beneficiaron de “modo sistemático y deliberado” de “facilidades de pago vinculadas al pago del impuesto a la transferencia de combustibles líquidos”, que les facilitó Echegaray, entre mayo de 2013 y agosto de 2015.

Sobre los tres imputados se impuso además un embargo por algo más de 17 mil millones de pesos ($17.042.509.692), una suma que se aproxima al valor de la totalidad de los activos que se le atribuyen a López.

El magistrado detalló una serie de “operatorias” que permitieron que esa firma financiara en el tiempo sus obligaciones fiscales “en forma recurrente con distintos regímenes de facilidades de pago y con una tasa mucho más beneficiosa que si hubiera seguido los canales normales y habituales de exigibilidad”.

Ercolini dio por acreditada la “materialidad” de los actos que se le imputan a De Sousa y López y entendió que ejercieron un “rol preponderante” en la empresa, “necesario para lograr la maniobra” de evasión ante el fisco.

LA CAUSA

La decisión de detener a Cristóbal López y De Sousa, su socio, contra quienes también se ordenó embargos de bienes se produce después de que en octubre de 2016 el fiscal Gerardo Pollicita pidiera el procesamiento de ambos, así como de Echegaray y de otras 19 personas “por el delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.

En la causa se investiga a diversos ex funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) -que ocuparon cargos durante el kirchnerismo a las órdenes de Echegaray- por posibles maniobras para favorecer “ilegítimamente” a los empresarios de la firma Oil Combustibles S.A, perteneciente al conglomerado Indalo, presidido por López.

En concreto, se acusa a los procesados de adeudar 8.000 millones de pesos argentinos (alrededor de 454 millones de dólares).

Los hechos investigados van de mayo de 2013 a diciembre de 2015, cuando Echegaray abandonó la cabecera de la AFIP por el cambio de Gobierno.

La investigación se inició en 2008 a partir de una denuncia de la diputada Carrió

“En connivencia y de forma coordinada, (los funcionarios imputados) incumplieron los deberes a su cargo -por acción en algunos casos y mediante omisión en otros- y con sus intervenciones permitieron que Oil Combustibles postergara indefinidamente el pago en forma irregular -acumulando deuda-”, acusó Pollicita en su dictamen.

La investigación, cuyos imputados ya prestaron declaración ante el juez, se inició en 2008 a partir de una denuncia realizada por la diputada Elisa Carrió por presunta asociación ilícita contra el ex presidente Néstor Kirchner, fallecido en 2010, funcionarios de Gobierno y un grupo de empresarios, entre ellos López, De Sousa y Lázaro Báez, este último detenido desde hace año y medio en otra causa por presunto lavado de dinero.

No obstante, López está afectado en otras causas, principalmente por presuntas irregularidades en la concesión de obra pública durante el Gobierno de Cristina.

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