Pugnan por imponer una nueva Ley de Alquileres

Tres meses después de que el Senado de la Nación aprobara por unanimidad un proyecto del Frente para la Victoria que busca modificar el Código Civil para crear condiciones más equitativas entre propietarios e inquilinos, el Gobierno intenta imponer una iniciativa propia cuyas características no se conocen aún. En medio de una pugna de intereses, lo que parece seguro es que se viene una nueva ley de alquiler.

Presentada por la senadora rionegrina Silvina García Larraburu (FpV), la iniciativa que obtuvo la aprobación del Senado lleva el plazo de los contratos de alquiler residencial de dos a tres años, pone topes a las comisiones de honorarios de las inmobiliarias, limita los ajustes del precio e indica que si hay una inflación superior al 10% el precio del alquiler surgirá de un promedio entre el salario y la inflación.

La iniciativa, que fue elaborada con el apoyo de organizaciones de inquilinos, contempla también la devolución del depósito en garantía y dispone que las comisiones inmobiliarias no puedan superar el valor de un mes de alquiler.

Además establece que las expensas extraordinarias no podrán correr en ningún caso por cuenta del inquilino, elimina el plazo de seis meses para que el inquilino pueda rescindir el contrato sin causa y agrega que las partes están obligadas a acordar o no la renovación del contrato sesenta días antes del vencimiento de la locación.

PROYECTO ALTERNATIVO

Pese al fuerte apoyo que encontró este proyecto en el Senado, el Gobierno nacional hizo pública su intención a avanzar con una iniciativa propia. “Se trabaja en un proyecto alternativo”, confirmaron días atrás fuentes del Ministerio del Interior y Obras Públicas de la Nación que no dieron detalles de las características que tendrá.

En su intención de neutralizar el proyecto que ya tiene media sanción, el Gobierno cuenta por lo pronto con el apoyo de las cámaras inmobiliarias que cuestionan la iniciativa del Senado con el argumento de que extender el plazo de alquiler residencial a tres años provocará una retracción de la oferta.

El proyecto del FPV “pone más restricciones y dificulta la libre contratación entre las partes” señaló Mario Gómez, miembro del consejo directivo del Colegio Inmobiliario de Buenos Aires, entre otros representantes del sector.

Del otro lado de la discusión, la asociación civil Inquilinos Agrupados hizo público un comunicado donde recuerda que “el proyecto que tiene media sanción de la Cámara Alta fue el resultado de un debate que duró un año, consiguió el voto unánime de los 68 senadores y fue redactado por todas las organizaciones de inquilinos del país”.

“Insistimos en la necesidad de dar tratamiento a la iniciativa girada por el Senado y reafirmamos nuestra voluntad de dialogar y consensuar con todos los bloques políticos una ley que equilibre la relación entre inquilinos y propietarios”, señala el comunicado de la organización, para la cual el proyecto “implicaría una mejora sustancial en la calidad de vida de 6 millones y medio de inquilinos del país”.