Suspenden un juicio contra tres wichis por falta de intérprete y piden la nulidad del proceso

  Un juicio oral que iba a empezar el lunes próximo contra tres wichis acusados de impedir que un empresario  delimite con postes y alambrados tierras que ellos consideran propiedad de su ancestros fue suspendido por el Tribunal de Orán, en Salta, por la falta de un intérprete, motivo por el cual se reclamó la nulidad de todo el proceso. El vocal de la Sala I del Tribunal, Aldo Primucci,  ordenó la suspensión del juicio que iba a comenzar el lunes al no poder garantizarse el derecho a defensa, ya que no estaba previsto un intérprete en la audiencia, con lo que los tres acusados no iban a poder entender de que se los acusaba .

También el abogado defensor de dos de los tres wichis acusados, Matías Duarte, dijo a la prensa que se presentó un pedido de nulidad de todo lo actuado, ya que esa misma dificultad se observó durante todo el proceso y los originarios, acusados de amenazas y daño calificado, nunca pudieron entender de que se los acusaba  La suspensión había sido pedida días pasados por la organización Amnistía Internacional al gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey y al Procurador provincial entre otras autoridades por considerar que no se garantizaba el derecho de defensa en juicio.

   "Se suspendió la audiencia por el planteo de nulidad que presentamos en el caso", dijo Duarte, que ejerce la defensa de dos de los tres imputados, líderes de comunidades wichi en el norte salteño. Se trata de Martín Acosta, Dalmacio Acosta y Demetrio Campos, quienes fueron imputados por los delitos de amenazas y daño calificado por ser cometido en despoblado y en banda. Duarte consideró que "no se garantizó la asistencia técnica de un defensor ni se nombró intérprete de la lengua wichi en el proceso para traducir la acusación penal y permitirle a los acusados comprender los términos de los hechos y, de ese modo, poder ejercer su defensa".

El hecho ocurrió el 24 de septiembre de 2014,cuando el denunciante, que es un empresario, se encontraba colocando postes y cercando las tierras en la finca Chañaral, de la localidad salteña de Rivadavia Banda Sur. "Ahora queda esperar que se resuelva la nulidad planteada sobre el requerimiento de juicio. Luego que se designe intérprete en la lengua wichi y que ellos puedan ejercer su derecho a defensa, negar los hechos y ofrecer prueba para, finalmente, solicitar su sobreseimiento", detalló Duarte. La organización Amnistía Internacional pidió una acción urgente por este caso, por entender que los acusados no tuvieron posibilidad de defenderse en ninguna instancia previa al juicio.

De esta manera, se le pidió al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey; al Procurador General de la Provincia, Pablo López Viñals; a la fiscal interviniente, Mónica Viazzi; y al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, que se adopten las medidas necesarias para garantizar el derecho a defensa y el acceso a la justicia de los acusados. Según esta organización internacional, los tres indígenas acusados se oponían a que un grupo de individuos usurpen y alambren parte de El Palmar, zona en que se encuentra dentro del territorio tradicional wichi e incluido en el relevamiento realizado en el marco de la ley 26160.

"A través de su Constitución Nacional y de tratados internacionales, Argentina ha reconocido los derechos de los pueblos indígenas. A pesar de ello, en la práctica, existe una brecha significativa entre el marco normativo y su implementación real, al punto tal que el supuesto acceso a la justicia es inaccesible", indicó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional. El Ministerio de Asuntos Indígenas de Salta también intervino en el caso, solicitando información del proceso judicial y poniendo a disposición de los acusados los abogados de la cartera.