Lázaro Báez busca justificar los negocios con la familia Kirchner

Lázaro Báez, el empresario kirchnerista detenido por la “ruta del dinero K”, justificó ayer ante el juez Claudio Bonadio el pago de alquileres a la sociedad “Los Sauces”, se definió como amigo del ex presidente Néstor Kirchner y se despegó rotundamente de Cristina Fernández al decir que le tenía “solo respeto por ser la mujer de Néstor”, informaron fuentes judiciales.

El dueño de Austral Construcciones, tras las rejas en una causa por lavado de dinero y ahora acusado en otra por supuesta asociación ilícita, por la cual tuvo que ser llevado a Comodoro Py 2002, trató de tomar distancia también de los hijos de los Kirchner, pese a residir todos durante casi toda la vida en la provincia de Santa Cruz y tener relaciones comerciales.

Ayer la ronda de indagatorias comenzó con la declaración de Romina Mercado, sobrina de la ex presidenta y titular de “Los Sauces”.

Mercado presentó un escrito donde calificó de “insólita” la acusación por asociación ilícita por el supuesto pago de sobornos encubiertos a través de los alquileres de esa firma y pidió su sobreseimiento en un expediente -dijo- “plagado de irregularidades y sustanciado ante un juez que carece del requisito de imparcialidad”.

Cerca de las 11.30, en tanto, subieron a Báez al cuarto piso de los tribunales, en medio de un gran operativo de seguridad del Servicio Penitenciario Federal (SPF), que cerró el área de la secretaría donde el detenido por la causa de la ruta del dinero declaraba.

Aunque ya había tenido que enfrentar otras indagatorias por la llamada “ruta del dinero K” y por la asociación ilícita por la concesión de obra pública en la que fue procesado junto a la ex presidenta, esta fue la primera vez que el ex titular de Austral Construcciones respondió preguntas.

No obstante, su defensa presentó un escrito pidiendo la nulidad y reclamó medidas de prueba para desvincularse del proceso.

Al declarar, Báez aseguró que era “amigo personal” de Néstor Kirchner y que no tenía relación con Cristina Fernández, sino “solo respeto por ser la mujer de Néstor”, mientras que a Máximo Kirchner, dijo, lo vio un par de veces y a Florencia solo la vio cuando murió su padre.

ALQUILERES

Durante dos horas el empresario detenido explicó que la contratación de propiedades de “Los Sauces” era para alojar a personal especializado que venía de otras provincias, por “la evolución comercial de las compañías”, y señaló que para ello “contrataba con las seis o siete inmobiliarias que hay en Río Gallegos en la misma modalidad y condiciones”.

Cuando le preguntaron por qué se había contratado la empresa “Los Sauces”, Báez afirmó que “venía aprobado del departamento de contrataciones normalmente”.

Según dijo, “la autorización final siempre le correspondía al grupo gerencial por la inclusión en el presupuesto de gastos, que normalmente siempre llevaba mi firma”.

Aseguró que su empresa estaba “organizada” y que “todas las relaciones comerciales de cualquier tipología se efectuaban en forma bancarizada porque el grupo estaba considerado gran contribuyente y tenían continuamente supervisión fiscal”.

CASANELLO

En otro orden, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó al juez de primera instancia Sebastián Casanello al frente de la investigación en la que el empresario kirchnerista Lázaro Báez está detenido por presunto lavado de activos.

La Sala IV del máximo tribunal penal del país, con la firma de los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinksy, desestimó un planteo de la defensa de Báez, que había pedido el apartamiento de Casanello por “temor de parcialidad” en su contra.

El tribunal declaró “inadmisible” el planteo, en igual sentido en el que ya se habían pronunciado el propio Casanello y la Cámara Federal porteña.

El Centro de Información Judicial (CIJ) recordó que “Báez se encuentra procesado en estas actuaciones por el delito de lavado de activos, con relación a la realización de maniobras a través de la financiera SGI, con el fin de sacar del país sumas millonarias en dólares, presuntamente originadas en el uso de facturación apócrifa para simular gastos en el marco de los contratos de obra pública con el Estado Nacional”.

El tribunal replicó la presentación de la defensa de Báez, a cargo de los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro: “La sola alegación de la violación a garantías constitucionales no es suficiente para configurar la existencia de una cuestión federal”.

“No se demuestra, ni tampoco se aprecia, que en el presente caso se den aquellas circunstancias excepcionales” para “el abordaje de la cuestión traída a estudio”, explica el fallo.